La ocupación de una obra en construcción por parte del sindicato de la Construcción y Afines (SUNCA), no es una hecho demasiado inusual, aunque en Salto hace bastante tiempo que no se registraba, al menos con tanta notoriedad.
Lo que no es habitual precisamente, es que la obra ocupada sea una cooperativa de viviendas por ayuda mutua. Menos frecuente aún, es que la ocupación afecte una obra de afiliados a otro sindicato (Salud Pública), aunque en este caso hay que hacer la salvedad que sólo un ínfimo porcentaje de los afiliados al sindicato de funcionarios de la salud se mantiene como integrante de la cooperativa.
Pero no nos ocuparemos hoy de la ocupación en sí, que esperemos se resuelva pronto. Lo que nos interesa en realidad son los motivos de esta ocupación y de la situación general de la construcción.
Tiempo atrás dábamos cuenta en nuestras páginas, que de acuerdo a los datos que maneja la Intendencia de Salto, un alto porcentaje de las obras en construcción están «en negro».
Esto es, la obra no está declarada y los obreros no están inscriptos como tales. Todo se hace mediante una acuerdo «de palabra», entre empleados y empleador.
A veces el trabajador sale ganando, en cuanto recibe un mejor salario. En otros casos no es así. Lo que recibe el trabajador es prácticamente lo mismo que recibiría si la obra estuviera declarada y todo se hiciera dentro de la formalidad de la ley.
Es cierto que no todos los casos son iguales. En algunas ocasiones, el trabajador es quien pide no figurar legalmente, porque está recibiendo algún beneficio social en esos momentos, Seguro de Desempleo o similar.
De todas formas, es una situación irregular y todos, trabajadores, patrones y el Estado mismo deberían asumir que se requiere un estudio más profundo y medidas racionales, que permitan que tanto los propietarios de las obras, como los constructores y sus empleados puedan hacer frente a las exigencias del Estado.
Este, es el que primero debería asumir la necesidad de captar todo lo que hoy evade impuestos, manejándose en el informalismo. Para eso es necesario asumir que los costos de éstos deberían de abatirse notoriamente.
Si todos pagamos, seguramente pagaríamos menos, el Estado recaudaría lo mismo o más, los trabajadores tendrían asegurados todos sus derechos y en definitiva todos ganaríamos, porque si gana el Estado y está debidamente administrado, ganamos todos.
