Santiago de Chile, 3 sep (EFE).
Marchas convocadas en varias ciudades de Chile por organizaciones sociales que piden el fin del sistema privado de pensiones tuvieron una escasa participación, especialmente en Santiago donde hoy se reunieron unas 1.500 personas.
Los asistentes a la movilización que arrancó en Plaza Italia, tradicional punto de encuentro de los chilenos, protestaron porque el último proyecto de la presidenta Michelle Bachelet, en materia previsional, no cumple con sus demandas, por lo que insisten en exigir una verdadera reforma que garantice pensiones dignas.
«El hecho de que el Gobierno haya mantenido el gigantesco ahorro de propiedad de los trabajadores, que desgraciadamente no pueden disponer de él, al servicio de los grandes grupos económicos, es la constatación concreta de que las instituciones del Estado no pueden resolver el problema de las pensiones de los chilenos», señaló Luis Mesina, vocero del movimiento No+AFP.
En medio de la movilización, un hombre protestó desnudo, quien explicó a los periodistas que su decisión fue para mostrar «una forma particular, un sello personal, de llamar la atención. Pero es una forma lúdica de protestar, salir un poco de lo común», aseveró.
En anteriores movilizaciones, centenares de miles de personas se manifestaron en las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para pedir el término del sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.
En el sistema chileno, las cotizaciones previsionales de los trabajadores van a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en cuentas individuales, pero después de 35 años de existencia el promedio de las pensiones que cobran quienes se retiran de la actividad laboral promedian poco más del equivalente a 200 dólares mensuales.
El Gobierno ha ofrecido crear una AFP estatal que regule mejor el sistema y un aumento de las cotizaciones desde el 10 al 15 % de los salarios, a cargo de los empleadores.
Las AFP y los empresarios han aceptado preliminarmente este aumento, pero con la condición de que esos recursos vayan a las cuentas individuales de los afiliados y no a un fondo solidario, como propone el Gobierno, cuyo objetivo sería mejorar las actuales pensiones.
EFE
