El pasado 2 de mayo, Alejandra Koch presentó su renuncia al cargo de vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Con Cecilia Cairo y Rodrigo Arim, este es el tercer escándalo vinculado a la ética de quien ejerce cargos públicos.
UN ASCENSO QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA
La controversia se desató cuando Koch, en su primera sesión como vicepresidenta, votó el ascenso de su esposo, Ricardo Suárez, de subjefe a jefe de sección. La medida fue revertida al día siguiente por decisión de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.
También se puso bajo la lupa el ascenso de su chofer particular, el otorgamiento de cargos a funcionarios allegados y el cobro de una remuneración superior por funciones que ya no desempeñaba.
QUÉ DICE LA CARTA DE RENUNCIA
En su carta dirigida a la ministra Etcheverry, Koch denunció que la información sobre su accionar fue difundida con “violencia y falta de respeto”. Sostuvo que su carrera dentro de la ANP se desarrolló respetando los procedimientos institucionales vigentes y afirmó que las decisiones adoptadas, incluyendo la promoción de su pareja, se ajustaron a la normativa interna.
Koch también manifestó su preocupación por la exposición pública de documentos personales, como su recibo de sueldo y su foja funcional, y señaló que la situación generó un daño profundo a nivel personal y familiar.
IMPLICANCIAS INSTITUCIONALES
El episodio reavivó el debate sobre los mecanismos de transparencia, controles internos y prevención de conflictos de interés dentro del Estado. Más allá de la legalidad formal de los actos, el caso revela un área gris en la gestión pública donde las percepciones sociales y la ética institucional juegan un rol central.
La renuncia de Koch obliga a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos de designación y fiscalización en los organismos del Estado, asegurando que las decisiones sean no solo legales, sino también legítimas y claras ante la ciudadanía.
