Hay núcleos familiares completos que están privados de libertad y por el mismo delito; esto se ha dado en los últimos años y para lo que es la conformación de la sociedad, ese tipo de situaciones es muy malo”, dijo a EL PUEBLO el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Chediak.
Estas expresiones fueron vertidas en el marco de la visita anual de cárceles, por parte de uno de los cinco máximos jerarcas de los magistrados del país, dialogó con este diario haciendo un repaso de la situación que más aqueja al sistema carcelario.
Esta situación que pinta de cuerpo entero lo que se vive en distintos núcleos sociales de nuestra comunidad, fue expresada con preocupación por parte de los jueces, que reconocen encontrarse con las manos atadas ante un hecho de estas características, cuando la Policía llega a un juzgado con una familia entera que ha delinquido.
“La situación más que preocupante es alarmante y triste”, admitió Chediak a EL PUEBLO. Pero también afirmó que “nosotros como jueces tenemos que actuar conforme a la ley, más allá de situaciones particulares”, sostuvo.
Aunque reconoció que cuando ve a los niños que están presos con sus madres, “uno trata de ayudar”. Con un gesto de mucha pena, encogiendo los hombros y apretando los labios, el magistrado dijo: “tengo una nieta de 18 meses, qué más le puedo decir, igualmente tengo que atender cada caso porque uno no puede liberar a alguien que cometió un delito porque le da pena, pero es muy difícil, en lo personal, no me es indiferente en lo más mínimo (esa situación)”, dijo.
Por otro lado, Chediak también reconoció a este diario, que sigue habiendo muchos reclusos que están procesados por mucho tiempo sin tener una sentencia de condena, por lo tanto, el estado de presunción de inocencia lo siguen manteniendo aún estando presos, situación que la genera el actual sistema procesal y en ese aspecto, esperan la anhelada reforma del Código del Proceso Penal que duermen en un cajón del parlamento desde el año 2007 y podría estar ahí, hasta el próximo período legislativo.
PREOCUPANTE
Chediak explicó brevemente cómo se da el estado de situación de un recluso “la realidad es sí, que más o menos la mitad de los privados de libertad no tiene condena por el diseño del proceso. El proceso empieza con un auto de procesamiento a las 48 horas máximo de la detención de una persona, y esa persona pasa a los dos días de haber estado libre al establecimiento carcelario sin condena, con un procesamiento a cuestas”.
Dijo que eso “en nuestro diseño institucional que empieza con un presumario y un procesamiento, es inevitable que por el transcurso del tiempo, quienes llevan menos tiempo procesados es dable que estén privados de libertad sin condena, lo que pasa es que excedemos la media internacional, ya que la media es que un tercio de los procesados privados de libertad están sin condena, pero nosotros estamos en la mitad”.
Por eso, dijo que “en lo personal” le tocó integrar la Comisión de Redacción del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en la comisión respectiva del Parlamento, porque la recomendación de la SCJ fue apurar la aprobación del nuevo texto normativo, que lleva varios años sin aprobarse y la necesidad de su vigencia urge.
“Lo planteamos en la administración del Presidente (Tabaré) Vázquez, en el último año de su mandato le dio estado parlamentario, cuando cambia el gobierno volvió el presidente (José) Mujica en el primer año de su gobierno a darle estado parlamentario, y todavía no se ha aprobado, sobre todo por el costo, esa es la realidad que acompasa la situación”, manifestó Chediak.
UN TEMA DE COSTOS
El magistrado informó asimismo que si bien hubo modificaciones mínimas, sobre todo sugeridas por el Fiscal de Corte (Jorge Díaz), lo que aparece como “el gran problema, es el costo que insume la aplicación del mismo, porque esto conlleva a duplicar los operadores judiciales, esto llevaría a tener 62 jueces letrados penales más en todo el país, 62 defensores de oficio penales adicionales en todo el país, cambiar la estructura de los edificios que no permiten instalar juzgados penales adicionales, en Salto habría que poner dos juzgados penales más”.
Aunque dijo que salvo en Montevideo, donde están reformando un edificio en la Ciudad Vieja que antes era la sede del ex Banco La Caja Obrera, en realidad “no tenemos locales para instalar los juzgados adicionales. Por eso siempre se le ha pedido al parlamento tres años de gracia para adecuarnos, lo que implica que si se aprobara este año el Código entrará en vigencia recién en enero del año 2017”.
Chediak comentó a su vez que la clase política tiene la palabra sobre el tema. “¿Por qué si los cuatro partidos con representación parlamentaria tienen una voluntad unánime en este tema, esto se está demorando? Bueno esa es la realidad, es un tema de costos para nosotros y para la fiscalía. Incluso para ellos en proporción es algo mayor que el nuestro, porque en el nuevo Código está previsto que la instrucción que es algo paralelo al presumario y que la haga el Ministerio Público que no tiene ni fiscales suficientes ni locales adecuados, ni tampoco tiene funcionarios. O sea que la inversión del Ministerio de Educación y Cultura del que depende la Fiscalía de Corte sería mayor que la que tendría que hacer el Poder Judicial”.
Hay núcleos familiares completos que están privados de libertad y por el mismo delito; esto se ha dado en los últimos años y para lo que es la conformación de la sociedad, ese tipo de situaciones es muy malo”, dijo a EL PUEBLO el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Chediak.
Estas expresiones fueron vertidas en el marco de la visita anual de cárceles, por parte de uno de los cinco máximos jerarcas de los magistrados del país, dialogó con este diario haciendo un repaso de la situación que más aqueja al sistema carcelario.
Esta situación que pinta de cuerpo entero lo que se vive en distintos núcleos sociales de nuestra comunidad, fue expresada con preocupación por parte de los jueces, que reconocen encontrarse con las manos atadas ante un hecho de estas características, cuando la Policía llega a un juzgado con una familia entera que ha delinquido.
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“La situación más que preocupante es alarmante y triste”, admitió Chediak a EL PUEBLO. Pero también afirmó que “nosotros como jueces tenemos que actuar conforme a la ley, más allá de situaciones particulares”, sostuvo.
Aunque reconoció que cuando ve a los niños que están presos con sus madres, “uno trata de ayudar”. Con un gesto de mucha pena, encogiendo los hombros y apretando los labios, el magistrado dijo: “tengo una nieta de 18 meses, qué más le puedo decir, igualmente tengo que atender cada caso porque uno no puede liberar a alguien que cometió un delito porque le da pena, pero es muy difícil, en lo personal, no me es indiferente en lo más mínimo (esa situación)”, dijo.
Por otro lado, Chediak también reconoció a este diario, que sigue habiendo muchos reclusos que están procesados por mucho tiempo sin tener una sentencia de condena, por lo tanto, el estado de presunción de inocencia lo siguen manteniendo aún estando presos, situación que la genera el actual sistema procesal y en ese aspecto, esperan la anhelada reforma del Código del Proceso Penal que duermen en un cajón del parlamento desde el año 2007 y podría estar ahí, hasta el próximo período legislativo.
PREOCUPANTE
Chediak explicó brevemente cómo se da el estado de situación de un recluso “la realidad es sí, que más o menos la mitad de los privados de libertad no tiene condena por el diseño del proceso. El proceso empieza con un auto de procesamiento a las 48 horas máximo de la detención de una persona, y esa persona pasa a los dos días de haber estado libre al establecimiento carcelario sin condena, con un procesamiento a cuestas”.
Dijo que eso “en nuestro diseño institucional que empieza con un presumario y un procesamiento, es inevitable que por el transcurso del tiempo, quienes llevan menos tiempo procesados es dable que estén privados de libertad sin condena, lo que pasa es que excedemos la media internacional, ya que la media es que un tercio de los procesados privados de libertad están sin condena, pero nosotros estamos en la mitad”.
Por eso, dijo que “en lo personal” le tocó integrar la Comisión de Redacción del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en la comisión respectiva del Parlamento, porque la recomendación de la SCJ fue apurar la aprobación del nuevo texto normativo, que lleva varios años sin aprobarse y la necesidad de su vigencia urge.
“Lo planteamos en la administración del Presidente (Tabaré) Vázquez, en el último año de su mandato le dio estado parlamentario, cuando cambia el gobierno volvió el presidente (José) Mujica en el primer año de su gobierno a darle estado parlamentario, y todavía no se ha aprobado, sobre todo por el costo, esa es la realidad que acompasa la situación”, manifestó Chediak.
UN TEMA DE COSTOS
El magistrado informó asimismo que si bien hubo modificaciones mínimas, sobre todo sugeridas por el Fiscal de Corte (Jorge Díaz), lo que aparece como “el gran problema, es el costo que insume la aplicación del mismo, porque esto conlleva a duplicar los operadores judiciales, esto llevaría a tener 62 jueces letrados penales más en todo el país, 62 defensores de oficio penales adicionales en todo el país, cambiar la estructura de los edificios que no permiten instalar juzgados penales adicionales, en Salto habría que poner dos juzgados penales más”.
Aunque dijo que salvo en Montevideo, donde están reformando un edificio en la Ciudad Vieja que antes era la sede del ex Banco La Caja Obrera, en realidad “no tenemos locales para instalar los juzgados adicionales. Por eso siempre se le ha pedido al parlamento tres años de gracia para adecuarnos, lo que implica que si se aprobara este año el Código entrará en vigencia recién en enero del año 2017”.
Chediak comentó a su vez que la clase política tiene la palabra sobre el tema. “¿Por qué si los cuatro partidos con representación parlamentaria tienen una voluntad unánime en este tema, esto se está demorando? Bueno esa es la realidad, es un tema de costos para nosotros y para la fiscalía. Incluso para ellos en proporción es algo mayor que el nuestro, porque en el nuevo Código está previsto que la instrucción que es algo paralelo al presumario y que la haga el Ministerio Público que no tiene ni fiscales suficientes ni locales adecuados, ni tampoco tiene funcionarios. O sea que la inversión del Ministerio de Educación y Cultura del que depende la Fiscalía de Corte sería mayor que la que tendría que hacer el Poder Judicial”.
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