Por Dr. Adrián Báez
(…) el país está entrando nuevamente a otro “período militarista” (…) Las instituciones, por otra parte, y el respeto a las mismas, poseen ahora una fuerza de “hecho histórico” que nadie puede negar. 
Quien levante su mano para traicionarlas -nadie lo ignora- aunque pueda recoger el momentáneo aplauso de los serviles de turno y de los incautos que rinden tributo al vencedor de la hora, llevarán consigo una mancha indeleble que recaerá no sólo sobre su persona sino que se volcará sobre sus descendientes. (…) Nadie (…) salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica, tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay -más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer- un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la “internacional de las espadas”. Así, el 1º de febrero de 1973, por CX 16 Radio Carve, el Dr. Amílcar Vasconcellos, Senador del Partido Colorado, denunció ante la ciudadanía la injerencia que comenzaban a tener las Fuerzas Armadas en el plano político; esa injerencia que se transformó en un derrocamiento de la democracia y de las libertades. El Presidente Bordaberry no hizo esperar su respuesta, y con carta fechada el 2 de febrero, contestó al legislador Batllista: “He confirmado una y otra vez, y lo reitero en ésta oportunidad, que no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática, y reafirmo una vez más la voluntad de cumplir con el mandato de entregar el poder sólo a quien determine la voluntad soberana del pueblo”. La carta tranquilizó momentáneamente a la opinión pública, la que se vio agitada nuevamente el día 6 de febrero, tras la renuncia del Ministro de Defensa Dr. Malet, al estar en desacuerdo con el Presidente y los comandantes en jefe del Ejército y la Aviación, sobre la forma de contestar la carta del Dr. Vasconcellos. Pero no sólo el Dr. Malet se plantó ante la mencionada actitud; también se opuso al método planteado por lo mandos citados, reivindicando la obligada lealtad a las instituciones, el C/A Juan José Zorrilla, Comandante en Jefe de la Armada. La respuesta se hizo pública el día 7; las FF.AA. se sentían víctimas de una “concertada maniobra política que persigue, entre otros objetivos, desprestigiar a las FF.AA. ante la opinión pública”; considerándose al Dr. Vasconcellos como “portavoz de una conjura de sectores partidarios en base a la posibilidad de ganar prestigios o caudal electoral”. En esa respuesta, fue estampada la idea fundamental de la llamada “doctrina de la Seguridad Nacional”, que buscaba atribuir a las FF. AA., la preservación del país, inmiscuyéndose hasta en la moral y estilo de vida. Bordaberry creyó calmar las turbulentas aguas, designando al Gral. Antonio Francese, como nuevo Ministro de Defensa. La idea no fue consensuada, provocando el acuartelamiento del Ejército y la Aviación; mientras que el Presidente y Francese, le ordenaron al C/A Zorrilla, hacer lo mismo en la Ciudad Vieja; copándose a su vez por parte del Ejército, Canal 5 y otros medios de comunicación. Era el 8 de Febrero. Los temores, no habían sido infundados.El Viernes 9, el Ejército y la Fuerza Aérea, emitieron el Comunicado Nº 4, que pasó a ser el programa político del militarismo. Al día siguiente, al considerar insuficientes los 19 puntos del Comunicado anterior, se emitió el Nº 7, que profundizó la inmoral y atroz puñalada a la democracia. Ante la indiferencia de muchos; el sorprendente apoyo de parte del Frente Amplio y de la central obrera CNT, que veían en la lucha contra la “oligarquía”, un punto de encuentro con unas Fuerzas Armadas que, de tomar el poder, podrían instaurar un gobierno cívico-militar al estilo peruanista del Gral. Velasco Alvarado; renunció Zorrilla, bastión de la defensa institucional. La primera parte de la peripecia culminó el 12 de febrero en la base de Boiso Lanza, donde se acordó la incorporación de las Fuerzas Armadas a la estructura de gobierno. El Golpe de Estado estaba técnicamente dado. Bordaberry continuaba siendo Presidente, pero había entregado el poder.La Dictadura fue consecuencia directa de la subversión guerrillera. Ésta, surgió contra la democracia en 1963, en pleno gobierno Blanco; no contra el totalitarismo; dándole al mismo, la excusa ideal para hacerse con el poder político. A 46 años de aquellos sucesos, las nuevas generaciones debemos conocerlos, para tratar con toda nuestra fuerza y convicción, de no cometer los mismos errores, y que nunca jamás, nuestra tierra viva las barbaridades que los prosiguieron. Tenemos el deber de hacer memoria de verdad, para ambos lados.
Pero no olvidemos que, cuando la indiferencia, el servilismo y la falta de compromiso, son más fuertes que el amor a nuestra nación, las horas de la libertad están contadas. En eso se basó, la denuncia de Don Amílcar.
