Una sociedad cohesiva debe procurar la inclusión social, entendida como un proceso de mejorar los términos de participación en la sociedad, mejora de oportunidades y acceso a los recursos, en particular de las personas desfavorecidas. De aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, de los que no tienen voz y a quienes no se les respetan sus derechos. Una sociedad en verdad inclusiva, busca el bienestar de sus miembros, rechaza todo tipo de segregación y exclusión; busca crear un sentido de pertenencia, promover oportunidades de crecimiento y movilidad social. El goce de derechos y el trato digno deben estar presentes en las políticas sociales. Las mismas deben contribuir a cerrar las brechas en cuanto a oportunidades, acceso a bienes y servicios, e impedir la discriminación. Se deben proteger los Derechos Humanos (DDHH) de estos grupos en situación de vulneración de “la discriminación que puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra”; según la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
Se deben garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que son los DDHH relativos a las condiciones básicas sociales y económicas necesarias para una vida digna. Se trata de cuestiones básicas como educación, trabajo, seguridad social, salud, alimentación, agua, medioambiente adecuado, vivienda y cultura. Los DESC quedaron plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El marco de los DESC promueve fortalecer acciones por la equidad y justicia; ayuda a mejorar el cumplimiento progresivo de los mismos. Ante la desigualdad existente dentro y entre los Estados, es necesario que los gobiernos y otras organizaciones reconozcan la realidad, estén atentos a las voces de los diferentes colectivos y caminen el territorio. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la concreción de los DESC. Deben evitar la discriminación en el acceso a los mismos. La definición de desigualdad incluye a las barreras que existen para que ciertos grupos de la sociedad queden en situación de vulneración y que pueden derivar en la negación de derechos. Las brechas socioeconómicas atraviesan la cultura y las capacidades, vulnerando la propia autonomía de las personas, afectando el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades.
En la Agenda 2030 de Naciones Unidas, su Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 10, refiere a reducir la desigualdad en los países y entre ellos, de aquí a 2030. El ODS 10, promueve reducir la desigualdad causada por motivos de género, edad, discapacidad, raza, etnia o religión. Busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados. Por lo que impulsa la adopción de políticas y legislación en pos de cumplir con el objetivo. La Agenda 2030 expresa su consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas y solidarias.
La pandemia de la COVID-19 ha intensificado desigualdades existentes, ha afectado a la población más empobrecida y los grupos más vulnerables. Por causa de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha disminuido significativamente los ingresos de los trabajadores. Estamos ante una crisis económica y social causada por la pandemia, es necesario responder y sostener a los grupos vulnerables seguros de “no dejar a nadie atrás” (UNESCO).
Para alcanzar sociedades más cohesivas, debemos poner en práctica políticas sociales que propicien y extiendan las oportunidades de superación a nivel individual y colectivo. Exhortar al cumplimiento de los principios de equidad, pleno ejercicio de los derechos y garantías. Políticas públicas sociales que mejoren la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad haciendo cumplir los DESC y demás derechos, logrando una verdadera inclusión social.
Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.
