El pasado lunes, las oficinas del Palacio Córdoba fueron escenario del primer «cara a cara» oficial tras la presentación del Presupuesto Quinquenal. Integrantes de la directiva de ADEOMS se sentaron frente a las autoridades del Gobierno departamental para medir la temperatura del agua. Lo que encontraron fue un balde de agua fría: la administración de Carlos Albisu no solo diseñó un presupuesto austero, sino que planificó una reducción estructural del gasto en salarios que amenaza con tensar la cuerda gremial al máximo.
Mientras el documento ingresaba formalmente a la Junta para su discusión legislativa, en la calle comenzó otra batalla. El presidente del gremio, Juan Carlos Gómez, se mostró cauto pero contundente al advertir sobre un posible «retroceso importante» en las conquistas laborales. Sin embargo, las declaraciones técnicas del director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, y las filtraciones desde la oposición sindical, dejaron en claro que el congelamiento salarial y la reducción de vacantes no son un error de cálculo, sino el corazón del plan económico para el período 2026-2030.
El plan de los 40 millones
Para entender la magnitud del recorte, hay que ir a los números que defendió el equipo económico. Nicolás Irigoyen no anduvo con vueltas al definir la estrategia: el objetivo es lograr una trayectoria descendente del Rubro 0 (sueldos). La meta trazada por Hacienda es bajar el gasto en unos 8 millones de dólares por año.
Si se proyecta esta cifra a lo largo del quinquenio, la Intendencia de Salto pretende ahorrar cerca de 40 millones de dólares en salarios de aquí a 2030. ¿Cómo se logra semejante ajuste sin despedir funcionarios masivamente? La respuesta está en la letra chica del presupuesto que Irigoyen calificó de «responsable y realista». La clave pasará por la no reposición sistemática de vacantes y el incentivo a los retiros.
El documento presupuestal, en sus Artículos 13, 14 y 15, crea un andamiaje legal para facilitar la salida de los trabajadores más antiguos (y caros) de la plantilla. Bajo el eufemismo de la «renovación generacional», la comuna busca que los funcionarios de entre 57 y 59 años se acojan a un régimen especial de retiro, o acepten incentivos voluntarios. La lógica es matemática pura: se van sueldos altos, entran (o no entran) sueldos básicos de Grado 3 o 5.
Irigoyen defendió esta postura asegurando que «los salteños van a destinar menos recursos al pago de sueldos» para volcarlos a obras, garantizando el equilibrio financiero. Sin embargo, para el sindicato, esto suena a precarización.
«Se nos cayó la moral»
Del otro lado del mostrador, la recepción del mensaje fue desoladora. Ruben Albarengue, integrante de la directiva por el sector opositor a Gómez, rompió el silencio y expuso la crudeza de la reunión. «Se nos cayó un poco la moral porque aumento de sueldo no va a haber, no se discute porque no va a haber», sentenció el dirigente, confirmando los temores de la base trabajadora.
Las palabras de Albarengue desnudaron, además, una realidad incómoda: la falta de negociación real. Según trascendió, la directiva de ADEOMS había enviado una nota con treinta y cinco puntos para discutir previo a la elaboración del documento final. Esos puntos, que buscaban mejorar las condiciones o asegurar partidas, cayeron en saco roto. «Nunca se pudo discutir porque nosotros ya sabíamos de antemano que el presupuesto ya estaba pronto», lamentó el dirigente.
La sensación térmica en los talleres y oficinas es de frustración. Con un ajuste salarial de enero rondó el 0,87% del IPC, la perspectiva de pasar cinco años con el sueldo congelado en términos reales —ajustando solo por IPC, sin recuperación ni aumento— es un trago difícil de digerir para la masa obrera municipal.
Grieta en ADEOMS
Pero el conflicto no es solo vertical (Sindicato vs. Intendencia), sino también horizontal. La estrategia a seguir genera cortocircuitos evidentes dentro de la directiva de ADEOMS. Mientras Juan Carlos Gómez prepara una postura oficial institucional y orgánica, el sector de Albarengue evalúa medidas propias aunque antes las discutirá en directiva.
«Nosotros como lista ya tenemos previsto intentar a ver si podemos por nuestros medios… llegar al intendente para hablar con él», adelantó Albarengue, anticipando posibles acusaciones de «conducta antisindical». La oposición interna entiende que la vía del diálogo formal con los mandos medios (Secco y Rodríguez) está agotada y buscan un «mano a mano» con Carlos Albisu para intentar rascar «algo de aumento por lo menos en los cinco años».
Esta fractura aparece justo cuando el Ejecutivo se muestra más firme. Irigoyen sostuvo que el presupuesto «es el resultado de escuchar, ordenar y priorizar», y advirtió que «no hay promesas sin respaldo».
Lo que dice el documento
Al contrastar los reclamos con el Presupuesto, la «ambición» de la que habla Hacienda se confirma en detrimento de las aspiraciones salariales. No existe en el articulado una cláusula gatillo de aumento real por encima del IPC. Por el contrario, la creación de la nueva escala salarial (Artículo 11) y la reestructura de grados apuntan a una contención del gasto a largo plazo.
El gobierno departamental parece haber apostado todo a la inversión en infraestructura (el famoso 51% del presupuesto) y para que los números cierren, la variable de ajuste elegida fue la masa salarial. Irigoyen lo llamó «orden institucional» y «gobernar a partir de datos concretos»; para ADEOMS, es la confirmación de que sus 35 puntos de reivindicación quedaron archivados.
La batalla en la Junta
El escenario se traslada ahora a la Junta. Allí, los ediles tendrán la última palabra, pero el margen de maniobra es acotado. El oficialismo defenderá un presupuesto que promete obras y saneamiento financiero, mientras la oposición política seguramente tomará los reclamos de ADEOMS como bandera propia.
Con un gobierno decidido a ahorrar 40 millones de dólares en sueldos y un sindicato que oscila entre la parálisis institucional y la rebelión de sus bases, resta saber si el intendente Albisu abrirá esa puerta que Albarengue golpea, o si se mantendrá firme en la austeridad que su director de Hacienda defiende con números en la mano.
