Que pague más el que tiene más”. El clásico eslogan que utiliza la izquierda para definir su modelo tributario ideal vuelve a la cancha a través de nuevos cambios que tiene en mente el gobierno.
Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en los primeros 18 meses de gestión del presidente José Mujica, en esta oportunidad las modificaciones para sacar una tajada mayor en la recaudación por parte de los sectores más ricos fueron impulsadas por el ala más moderada de la izquierda. Es que fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderado por el astorista Fernando Lorenzo el que planteó la necesidad de crear una nueva franja en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con una tasa de 30% para gravar a los salarios más altos de la población. El máximo vigente en la actualidad es 25%.
El Poder Ejecutivo ya tenía en agenda enviar al Parlamento un proyecto de ley para aumentar el monto mínimo a partir del cual los salarios deben pagar IRPF. Sin embargo, en esa misma iniciativa el gobierno propondrá crear una nueva tasa de 30% y obligar a los ingresos más altos a aportar una porción mayor a la que aportan hoy, según informó este jueves el semanario Búsqueda.
Integrantes del MEF dijeron a El Observador que aún no está fijado el nivel sobre el que se va a aplicar esta nueva tasa. Además, informaron que los detalles de la propuesta aún no se los entregaron al presidente Mujica. La intención es poder llevarlo este lunes al Consejo de Ministros. La medida promovida por el astorismo recibió elogios de parte de los sectores de la izquierda que desde el inicio de este gobierno reclaman que haya decisiones concretas tendientes a mejorar la redistribución del ingreso. Tras el impulso que el propio presidente Mujica le dio a ese debate al inicio del año pasado, ese asunto se llevó el protagonismo en la discusión interna de la izquierda. El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista del Uruguay (PCU) estaban a la cabeza de los sectores que pensaban que había llegado la hora de exigirles más a los más pudientes y celebraron que el gobierno tome el camino de pedir ese aporte mayor. Hoy en día, quienes tributan sobre la franja de 25% del IRPF son las personas con ingresos superiores a los $ 200.000. A partir de la entrada en vigencia de esta nueva medida, habrá un margen de salarios mayores que aportarán más. Eso afectará a “cientos” o a lo sumo “pocos miles” de personas dado que en Uruguay no muchos tienen salarios de ese nivel, según explicaron este jueves integrantes del equipo económico. La recaudación será inferior a los US$ 5 millones anuales, una cifra “insignificante” para la recaudación, según las mismas fuentes.
Con ese panorama, las fuentes aclararon que no se trata de una medida impulsada por su nivel de recaudación dado que ya saben que será insignificante frente a los US$ 7.000 millones que recaudó el año pasado la Dirección General Impositiva (DGI). Sin embargo, el proyecto que están ultimando es una fuerte señal política que los jerarcas del MEF lanzan hacia la interna del Frente Amplio que se sumará a la anunciada rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que regirá a partir del primer semestre del año que viene. Será de dos puntos porcentuales para quienes paguen con tarjetas de crédito y total para beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
De este modo, el ala astorista y moderada muestra que también tiene iniciativas típicas de corte de izquierda para favorecer a los más necesitados y reclamarle a los sectores pudientes un aporte mayor, explicaron los informantes.
“Hay gente que gracias al desarrollo del país está obteniendo ingresos muy importantes y debe pagar más”, dijo un dirigente del Frente Líber Seregni, una agrupación que integran Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y Alianza Progresista bajo el liderazgo del vicepresidente Danilo Astori. Los integrantes de ese bloque afirman que ellos efectivamente tienen en mente propuestas para mejorar la redistribución del ingreso pero que sean efectivas y, más que nada, que estén alineadas al nuevo sistema tributario vigente desde 2007. Este jueves, uno de los legisladores astoristas que salió a defender la medida fue Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay y referencia del sector en temas económicos.
