Escuche la entrevista al doctor Federico Preve:
Urgencia nacional: millones de uruguayos endeudados
El sobreendeudamiento de los hogares uruguayos se ha convertido en un problema social y económico de proporciones alarmantes, afectando a dos millones de personas en el país, conforme a datos recientes del Banco Central del Uruguay (BCU). De este universo, aproximadamente 700.000 ciudadanos enfrentan serias dificultades para afrontar sus obligaciones, comprometiendo gravemente su economía cotidiana.
La situación es especialmente crítica entre los sectores más vulnerables: casi el 80% de los trabajadores con ingresos inferiores a $50.000 mensuales y el 73% de los jubilados que perciben menos de $30.000, presentan complicaciones en el pago de sus deudas. Estos datos reflejan cómo el problema afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen, forzándolos a recurrir a empresas administradoras de crédito con tasas de interés significativamente más altas que las bancarias, y, en ocasiones, al sector informal, donde los costos son aún más exorbitantes.
Fracaso plebiscitario y la vía legal del Frente Amplio
Meses atrás, Cabildo Abierto impulsó una campaña nacional bajo la consigna “Por una deuda justa” buscando recolectar firmas para habilitar un plebiscito que modificara la Constitución. Sin embargo, no se alcanzaron las adhesiones necesarias, dejando en suspenso la vía constitucional. Ahora, en diálogo con El Pueblo, el diputado Federico Preve anunció que la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, buscando abordar la problemática desde una perspectiva legal y no constitucional. “Un cambio constitucional a muchos de nosotros no nos parecía el mecanismo. Reformar la Constitución implica después una rigidez en materia jurídica que te puede complicar. Los cambios legales permiten cambios un poco más dinámicos”, señaló Preve, al referirse a las diferencias con la iniciativa de Cabildo Abierto. El proyecto, que ya está a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, tiene como objetivo actualizar el marco normativo para garantizar mayor transparencia en las operaciones de crédito, prevenir abusos y ofrecer mecanismos de reestructuración de deudas.
“Bola de nieve”: un problema a desarticular
Uno de los puntos centrales del proyecto frenteamplista es ponerle un freno al fenómeno conocido como “bola de nieve”, donde los intereses se acumulan sobre el monto total adeudado y no sobre las cuotas impagas. El diputado Preve explicó que, “si yo debo 20.000 dólares, pero en cuotas de 500 dólares, el interés tiene que ser sobre la cuota y no sobre el resto del total de mi deuda”. Este mecanismo, afirmó, provoca que deudas iniciales pequeñas se transformen en montos impagables. La propuesta legal busca topear estos intereses y delimitar claramente su aplicación, priorizando que se calculen únicamente sobre las cuotas vencidas y no sobre el saldo total de la deuda.
Tres ejes del proyecto: intereses, reestructuración y prácticas abusivas
El proyecto de ley del Frente Amplio se estructura en tres pilares, con el fin de proteger a los deudores y transparentar el sistema crediticio.
En primer lugar, se busca modificar el cálculo y los topes máximos de interés, así como la información que debe brindarse a los tomadores de crédito. Se pretende redefinir el concepto de usura, considerando que existe cuando la tasa implícita supere en más de un 35% las tasas medias publicadas por el BCU, un umbral significativamente más bajo que el actual que es de 55% para créditos menores a 2.000.000 UI, y de 90% para montos iguales o superiores.
El segundo eje es la creación de un proceso para la reestructuración de deudas, especialmente para personas de bajos recursos. Se propone una fase administrativa previa y obligatoria ante la Unidad Defensa del Consumidor (UDC), donde los acreedores estarán intimados a presentar la documentación relevante de la deuda. Si la conciliación fracasa, se habilitará una instancia judicial para buscar acuerdos o, en última instancia, una reestructuración judicial forzosa impuesta por el juez, aunque con limitaciones, como que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos líquidos del deudor y que el capital inicial no exceda las 50.000 Unidades Indexadas (UI).
Finalmente, el tercer pilar se enfoca en prohibir las prácticas abusivas de cobranza. El diputado Preve enfatizó que “una cosa es deber y otra cosa es que te persigan hasta abajo de la cama”. Se limitarán llamadas fuera de horario, amenazas, intimidación, maltrato, uso de información errónea o engañosa y envío de documentos que aparenten ser de autoridades. Las instituciones financieras serán responsables por las prácticas indebidas de las empresas a las que cedan créditos o gestionen cobros. Además, se exigirá a las instituciones que informen a los clientes con 30 días de antelación si tercerizarán la gestión de sus créditos morosos, detallando toda la información del adeudo.
Alcance y diálogo político
El proyecto, aunque propuesto por diputados de la bancada 609, fue discutido y revisado por toda la bancada del Frente Amplio, buscando que sea un proyecto “frenteamplista”. Preve confirmó que se está en diálogo con Cabildo Abierto y otros partidos políticos, reconociendo que el problema del endeudamiento es de interés para varias bancadas. “Vamos a recibir los aportes que tengan para hacer los diputados de Cabildo y discutirlo dentro de la Comisión y cuando se discuta en comisión, después pasará al plenario”, afirmó. Si bien la retroactividad de la ley es limitada en cuanto a la mora y los intereses, sí tendrá incidencia en la reconfiguración de deudas existentes y en la prohibición de prácticas abusivas.
Educación financiera y apoyo académico
El proyecto de ley también contempla medidas para fortalecer la educación financiera en el país. Se exhorta a la Universidad de la República a conformar equipos de extensión universitaria y consultorios multidisciplinarios para asesorar a deudores y asistir al Poder Judicial en pericias. Asimismo, se insta a las universidades privadas con facultades afines a implementar grupos de extensión similares. A nivel de la educación pública, se solicita a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ofrecer cursos de educación financiera para sus estudiantes. También se incita a diversas instituciones públicas, como el Banco Central, Banco República, Banco Hipotecario, MIDES y MGAP, a desarrollar cursos para la población general, presenciales o virtuales.
