En 2018 hubo cerca de 300 demandas; el gobierno advirtió que la «judicialización» pone en peligro al sistema.
Las demandas ante la Justicia por el acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo no financiados por el Sistema Nacional Integrado de Salud superan, en lo que va de este año, los 500 casos.
Supone casi el doble que el número de juicios, unos 300, que se presentaron contra el Fondo Nacional de Recursos (FNR) en 2018. En la mayoría de los casos, el organismo no fue condenado, aseguró este jueves Nilsa Salvo, ministra del Tribunal de Apelaciones.
Salvo les preguntó a los abogados que patrocinan estas acciones «por qué insisten en demandar» al Fondo. La de Salvo solo fue apenas una de las intervenciones dedicas a defender a la institución, en el marco de una «mesa de diálogo» organizada por el Poder Ejecutivo sobre la judicialización de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. 
Según cifras aportadas por el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, más de 8000 pacientes han recibido, por parte del FNR, medicamentos seguros y en forma gratuita, seleccionados a partir de una «evaluación rigurosa». En los últimos cinco años, se han incorporado nueve medicamentos para once patologías diferentes, apuntó.
La mesa contó con la intervención personal del presidente Tabaré Vázquez, que afirmó que «sobran los dedos de una mano» para contar los países que cuentan con una herramienta tan solidaria como en el FNR. «Hace a lo que es la justicia social y la solidaridad entre todos los uruguayos», remarcó.
Cada mes, indicó, informé resoluciones por hasta US$ 3,5 millones que, procedentes de Rentas Generales, van destinados a financiar al Fondo. Son cerca de US$ 40 millones, equivalente a lo destinado a la construcción del Hospital de Colonia, «un centro regional de última generación».
Vázquez sostuvo que «está fuera de discusión» que la prioridad es darle a la gente lo que necesita para su atención médica. Para el presidente, la continuidad del FNR debería ser una de las «grandes preocupaciones» de los próximos gobiernos, sea cual sea su color político. La discusión sobre el otorgamiento de medicación o diagnósticos debe ser una política de Estado, dijo.
A los efectos, el mandatario anunció la creación de una comisión multisectorial con el objetivo de realizar un análisis crítico y con metodología científica del presente del fondo, de su situación y de sus perspectivas de futuro.
En ese marco, Vázquez advirtió sobre que la judicialización de los procedimientos ha pasado a ser una dificultad, que pone en peligro el accionar del organismo. «Es un problema grave que a a enfrentar el próximo gobierno», aseguró.
