En Uruguay el 70% de los cuidados no remunerados lo realizan mujeres. (BID, 2020) Cuidados de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. La pandemia por Covid 19 provocó que muchas de ellas volvieran a los cuidados en el hogar, dejando sus trabajos externos. Busquemos que esta situación sea transitoria y no implique un retroceso en los derechos alcanzados, que no genere un impacto negativo en los avances ya adquiridos.
Es hora de una corresponsabilidad social en cuidados dando una respuesta colectiva que involucre el sector público y privado. Una sociedad sin cuidados vería imposibilitado su funcionamiento, forman parte de la cadena de valor. Parte de los mismos se realizan de forma paga, pero la mayoría de forma no remunerada.
De no mediar intervenciones de políticas públicas, las desigualdades se profundizarán. Esto trae riesgos como el retroceso en la participación laboral de la mujer, la pérdida de talento humano, aumento de desigualdad y pobreza.
El contratar servicios de cuidados externos, tiene doble beneficio, es un ingreso para la persona contratada y permite la continuidad laboral de la persona que contrata. Una experiencia en la región, se ha dado en Costa Rica a raíz de la pandemia de Covid 19. Una plataforma dedicada al cuidado de niños, donó 500 horas de cuidados para hijos del personal de salud que trabaja con pacientes con Covid 19.
Los cuidados son imprescindibles para la producción y funcionamiento de las economías. Debemos reconocer que son parte esencial de la emergencia actual.
La corresponsabilidad en los cuidados implica reconocer que los mismos sostienen la vida económica y productiva. Es decir, los cuidados son imprescindibles para la producción y funcionamiento de las economías. Cuando el cuidado de las personas dependientes es atendido, de forma pública o privada, es cuando se puede participar de la vida económica.
Propuestas dentro de la corresponsabilidad público- privada son, incrementar las licencias a hombres para cuidados y flexibilidad laboral vía teletrabajo. La emergencia sanitaria ha traído desempleo, hambre y ha impactado principalmente en las mujeres que históricamente son quienes se dedican a los cuidados. Apostar a la corresponsabilidad le da tiempo a la mujer para su autocuidado, proteger su salud física y mental, además de contribuir a la igualdad de género.
Los cuidados deberían formar parte de la agenda en la recuperación económica. Sin abordar este tema en las políticas públicas de gestión y manejo de crisis, buena parte de la población activa no podrá participar de la vida productiva.
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), ha realizado una serie de Recomendaciones frente a esta emergencia sanitaria, una de ellas es que se hagan transferencias para cuidar. Las mismas apuntan a que las personas tengan continuidad laboral cuando los centros educativos y servicios de cuidados no están disponibles.
El Convenio 156 de OIT, está en vigor en Uruguay desde el año 1989. El mismo expresa, en su art. 4 «Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para: permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo; tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social». En su art. 5 «Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para: tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación de las comunidades locales o regionales; desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar».
Es hora de la corresponsabilidad pública- privada, para que el trabajo de las mujeres no quede atrás.
Arq. Irene Barla Zunini. Diplomada en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas.
