Que difícil resulta la tan mentada “equidad” que Uruguay pregona, pero no ha alcanzado nunca. Cuando escuchamos que hay 75 de los 500 jueces y fiscales que tiene el país que plantean la inconstitucionalidad del “impuesto al COVID 19”, cuando dicho impuesto sólo lo pagarán por dos meses (extensibles a cuatro) quienes ganan más de 180 mil pesos mensuales y son funcionarios públicos.
Es difícil entender que se trate del mismo país en el que fuera descartada la posibilidad de fijar una “renta mínima” menor a los 20 mil pesos, pedida por el PIT- CNT.
Mucho más allá de lo que significan las sumas en este tema, creemos que en el fondo se trata de analizar la solidaridad social, vale decir si estamos dispuesto a contribuir a que haya menos diferencias entre los uruguayos o no.
Es probable que los demandantes que están planteando la inconstitucionalidad de esta ley, tengan argumentos válidos desde el punto de vista jurídico, pero seguramente es más complejo demostrar solidaridad frente a sus compatriotas que enfrentan dificultades.
Obvio que habrá otros argumentos, entre ellos la posibilidad de aportar personalmente donde o quiera y no a un fondo que otros distribuirán y dispondrán de acuerdo a criterios que no siempre compartimos.
Es oportuno señalar que cuando se anunció el “fondo COVID 19”, planteamos en primer lugar nuestra sorpresa de que se haya establecido la obligatoriedad de este fondo únicamente para los funcionarios públicos, cuando hay muchos funcionarios privados que ganan esta suma mensual o más aún.
El argumento antepuesto a esto fue de que el funcionario público tiene seguridad, es decir la certeza que su trabajo no se perderá, aspecto que seguramente no es lo mismo que vive el sector privado.
Para nosotros no es argumento suficiente, porque hay trabajos y trabajos. Cuando asumimos que hay algunos que enfrentaron y enfrentan riesgos de perderse u omitirse, también hay otros, que todos conocemos y no se afectaron en absoluto.
Seguramente que no es este un tema jurídico, sino de sensibilidad y solidaridad que es propio de un país donde se trata de que los ciudadanos sean considerados en igualdad de condiciones.
No nos atrevemos a dar nuestra opinión en referencia al tema. Jurídicamente parece muy claro, pero solidaria y humanamente no. Resulta difícil de entender, aunque no por ello, necesariamente injusto, que una persona que gana casi diez veces más que otros compatriotas, pueda negarse a aportar una parte de su salario durante dos o cuatro meses para aliviar a otros coterráneos.
Pero esta es la situación que tendrá que resolverse próximamente.
A.R.D.
