El delgado límite entre las posibilidades de la Justicia y el derecho de la persona y su abogado, es el tema que está en juego cuando se trata de analizar en qué medida se justifican los nuevos mecanismos de obtención de información para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, específicamente.
Partamos de la base que el narcotráfico y los delitos económicos, han obtenido no sólo un gran poderío, sino que utilizando cualquier medio llegan a ponerse más allá de la ley y las posibilidades legales «tradicionales» de la Justicia.
No se trata de caer en el extremo contrario de llegar a que «el fin justifique cualquier medio», pero si del necesario «aggiornamiento». Los derechos del individuos deben ser sagrados e inviolables, como lo son hasta el momento, de acuerdo a la Constitución de la República.
Ahora bien, la defensa de estos valores fue garantizada en tiempos en que no existía el narcotráfico.
Hoy las acciones demenciales de estos grupos armados no repara en derecho algunos, políticos, jueces, periodistas y quien se interponga en su camino termina muerto y masacrado.
Se nos dirá que exageramos, que esto no sucede en nuestro país y en alguna medida es así, pero podemos dar fe que las acciones que llevan a esta situación sí. Hay gente atemorizada, que no se mete por temor. Hay inseguridad de todo tipo. Hay desconfianza en la Policía, quizás porque alguno y a veces sólo uno, de los miles de policías que hay en el país, ha tenido una acción corrupta o se ha descubierto su vinculación con los narcos.
Es por eso que cuando hablamos de la posibilidad de modificar estas leyes, es necesario ir más allá de lo superficial.
Cuando escuchamos la solicitud de autorización para los allanamientos nocturnos, la extensión del tiempo de detención sin pasar al juez, nos entra un escozor, remitiéndonos a hechos registrados en otros tiempos.
Sin embargo, hay que ubicarse en la realidad actual. Estas leyes que han tenido el propósito de proteger a la población de arbitrariedades, están siendo usadas en estos momentos precisamente para someter y perjudicar a quienes de alguna manera atentan contra la población, destruyendo las simientes de la comunidad.
No ignoramos que en otras épocas aún con la vigencia de estas garantías la población sufrió todo tipo de atropellos, hoy no se trata de eso y hay que asumirlo cuanto antes.
Hoy tenemos gente con miedo, vivimos en el reino del «no te metás». Vemos que a los que delinquen o están vinculados al delito, a menudo escapan al rigor de la ley.
No queremos que las generaciones futuras nos reprochen por no haber tenido el coraje necesario para frenar a tiempo las acciones de la delincuencia.
Para eso hay que comenzar por detectar debidamente de qué lado está cada uno y darle a cada uno su merecido.
A quien tiene el valor de denunciar y enfrentar las situaciones como corresponde, debemos proteger y no abandonarlo a las posibles represalias.
A quien delinque o intenta imponer sus nefastas «reglas» como sucede en otros lados, debe castigársele con el rigor que corresponde.
Todavía estamos a tiempo para tratar de enderezar el camino.
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