No pocas personas se sorprendieron días pasados al ver al Asesor Jurídico de la Junta Departamental de Salto, Dr. Fabricio Figueroa, llegar hasta el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación, Cárcel Departamental).
El profesional llevaba en sus manos un documento, que resultó ser una renuncia a la banca de edil, que pretendía fuese firmada por el edil comunista Roque Barla que, como es de público conocimiento, se encuentra allí alojado tras haber sido procesado el pasado miércoles 11, por reiterados abusos sexuales contra su nieta de tres años de edad.
Pero el edil se negó a firmar la renuncia, por lo que el cuerpo legislativo salteño ha solicitado a su Presidente, Carolina Palacios, que dé inicio al trámite legal para su destitución.
Algo a aclarar es que Barla no es un edil en uso de licencia, como ha trascendido en algunos medios, sino que nunca presentó licencia, por lo que su cargo se mantiene inalterado. Solo envió un papel, a modo de carta, en la que hacía saber que «por un tiempo no participaría de las actividades inherentes al cargo», pero no es ese un documento que pueda considerarse una licencia, ya que las formalidades establecen que debe existir el correspondiente formulario firmado. Es decir, el hombre procesado sigue siendo dueño de su banca, a la que se niega a renunciar, aunque como procesado haya perdido sus derechos como ciudadano.
«Pierde los derechos como ciudadano al estar preso, pero como la condena es de 2 años y 8 meses, terminado ese tiempo si quiere puede volver a sentarse en su banca», dijeron fuentes consultadas por este diario. Dijeron además que la Junta Departamental de Salto no está dispuesta a aceptarlo, ya que sería un «nefasto antecedente, considerando que él mismo confesó su delito dos veces, ante Fiscalía y ante la Jueza Penal… Sería inadmisible, pero bueno, parece que es lo que eligió hacer».
Así las cosas, la bancada del Frente Amplio apoyada por las otras bancadas, además de hacer pública una nota repudiando el hecho y soldarizándiose con la familia de la víctima, solicitó a la Presidente de la Junta que inicie todos los trámites legales para la destitucion como edil.
Cabe recordar que el Frente Amplio como fuerza política expulsó a Barla de sus filas y le prohíbe de por vida presentarse a algún cargo, aunque podría hacerlo por otro partido.
«La banca que tiene ganada es de él, cada uno es dueño de su banca, en lo que le queda de tiempo al período legislativo una vez que esta persona salga en libertad puede ir a ocupar su banca, ya sería una cuestión más bien de ética», comentaron a EL PUEBLO especialistas en Derecho.
DEFINE LA CÁMARA DE SENADORES
Desde la Junta Departamental (que es el órgano que debe dar comienzo al trámite) ya se pidió a la jueza que actuó en el caso y que terminó procesando con prisión a Barla, que envíe por escrito la condena, para de esta forma empezar el juicio político, que lleva un tiempo, y que finaliza cuando el Poder Legislativo Nacional, a través de su Cámara de Senadores, se pronuncie aprobando o desestimando el pedido de destitución.
UN HECHO CASI INÉDITO
Vale añadir, como sostuvo un abogado, que
«juicios políticos de este tipo, en Uruguay sobran los dedos de una mano para contarlos, porque generalmente las personas que cometen este tipo de infracciones por lo menos renuncian a sus cargos políticos, por lo que no se llega a un juicio. Es un caso muy difícil, porque por un lado él confesó lo que hizo y por otro no quiere renunciar».
