Se usaron 1.327 sociedades en la estafa contra la DGI.
La Dirección General Impositiva (DGI) amplió una denuncia contra dos estudios que crearon al menos 1.327 sociedades anónimas para defraudar al fisco mediante la colocación en el mercado de 1.989.804 facturas «truchas». La maniobra, que fue calificada por la DGI como la más grande de la historia, provocó pérdidas al Estado por varios miles de millones de pesos. Según un informe de la Unidad de Inteligencia de Personas Físicas (Uipef) de la DGI, cada una de las 1.327 sociedades anónimas irregulares emitieron un promedio de 1.522 facturas ilícitas. Por ejemplo, una sola empresa denunciada ante la Justicia imprimió 4.650 facturas que están circulando en el mercado con «un significativo potencial de evasión» y que, por su forma de insertarse en la operativa es inviable quitar de circulación porque se colocaron en empresas con diferen-tes grados de implicación en el engaño.
El expediente judicial, al que tuvo acceso El País, revela que los dos estudios denunciados utilizaban los servicios de cuatro escribanos que otorgaban certificaciones falsas y 13 testaferros usuarios de refugios o de beneficios del Mides o indigentes.
Mediante esa modalidad, los estudios crearon «una fábrica de defraudar» mediante sociedades anónimas (S.A.) y sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) en formación. Los dos estudios, cuyos titulares fueron procesados con prisión el viernes 10 por la jueza especializada en Crimen Organizada, María Helena Mainard, trabajaban con una decena de imprentas donde imprimían miles de facturas que luego eran utilizadas para simular ventas de productos o pagos de servicios. Los acusados vendían a través de páginas de avisos clasificados en Internet sociedades anónimas a US$ 650 —no pagaban impuestos de ningún tipo en su conformación—, mientras que una sociedad anónima legalmente constituida vale US$ 3.200.
La ampliación de la denuncia de la DGI le dedica capítulos a las modalidades para defraudar utilizados por dos estudios:
1) Usinas de facturas. Actuaciones de la dirección de Administración Tributaria de la DGI detectaron que, a partir de la actividad que desarrollaban los dos estudios, se tejió una red de fraude fiscal cuyos alcances todavía no se ha podido terminar de dimensionar y que incluye diversos sectores empresariales y áreas geográficas a lo largo de todo el territorio nacional. Funcionarios de la Administración Tributaria comprobaron que el centro de la actividad de los estudios es la venta de facturas con o sin los documentos de las sociedades/unipersonales a cuyo nombre se emiten estas facturas destinadas a insertarse en distintos esquemas de evasión fiscal. «En este sentido, los estudios de los señores S. y M. funcionan como verdaderas fábricas o usinas de facturas», dice la ampliación de la denuncia de la DGI.
2) Facturas para «inflar» compras y gastos. En los casos verificados por la DGI, clientes de los estudios investigados compraban facturas para su uso personal como para actuar como una suerte de «intermediarios» o «distribuidores», puesto que luego las revendían a los contribuyentes por precios variables.
Con estas facturas se documentaban prestaciones de servicios o ventas de productos inventadas por montos «a medida» del consumidor-contribuyente —en algunos casos las cifras facturadas responden a millones de pesos— y de esta manera se disminuye «ilícitamente» la base de cálculo de los impuestos, dice la denuncia.
(EL PAIS)
