El presidente de la República, José Mujica ha insistido en los últimos días en su posición de conocer a los integrantes de las sociedades anónimas que en muchos casos son propietarias de grandes empresas en el país.
Mujica sostiene que el interés en conocer quiénes son los propietarios de las empresas radica en el derecho a saber qué capital tiene cada uno. El principal interés es conocer quién o quiénes son los dueños de la tierra hoy en el Uruguay, porque no es lo mismo ser propietario de unas pocas hectáreas, que serlo de extensiones de miles de hectáreas.
Quienes defienden el sistema de libre comercialización usan como argumento más frecuente, el hecho de que “no se pueden llevar la tierra”. Esto es verdad, pero también lo es el hecho de que quienes tienen grandes extensiones, tienen poderío económico y pueden influir decisivamente en muchos aspectos.
No sólo hay obligaciones diferentes frente al Estado, cuando es diferente el capital que se maneja, sino que existen otros intereses que pueden y deben ser analizados a la hora de negociar.
En este sentido, se ha señalado que el Poder Ejecutivo enviará al parlamento un proyecto de ley en el que se establece la obligatoriedad de conocer a los titulares de las sociedades anónimas.
Esta información estará sujeta – de acuerdo a dicho proyecto – al secreto bancario y sólo en casos puntuales, cuando la Justicia lo determine, el Banco Central del Uruguay podría revelarla.
El gobierno nacional reafirma en este sentido la línea adoptada con la posición respecto al régimen de las SAFI, temiendo que pudieran ocultar en el país activos provenientes del exterior de actividades ilícitas, combatidas por el derecho internacional.
También trató de acoger el reclamo reiterado de los gobiernos de Argentina y Brasil que rechazaban la existencia de un sistema off-shore en la región como posible fuente de ocultamiento de activos o rentas gravadas provenientes de sus respectivos países.
Mal que nos pese, mientras Uruguay no tenga absolutamente saneados estos temas, será muy difícil que pueda sortear con éxito la calificación que le mantiene en la lista “gris” de países considerados “paraísos fiscales”, como recientemente le ha sido reprochado por parte de Francia.
En momentos en que el país alcanza un excelente grado financiero internacional como destino de inversiones con mayor seguridad, debería de avanzar también en este sentido.
