Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Hace algunos días se presentó en la Cámara de Diputados, un Proyecto de Ley titulado «Mejor uso de alimentos», que busca prohibir a los supermercados, establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios, la industria alimenticia, las empresas elaboradoras de alimentos y aquellas dedicadas a su distribución y comercialización, y por supuesto, a los negocios gastronómicos, desde las cadenas de comida rápida hasta los restaurantes con una superficie de 200 metros cuadrados de espacio para atender al público; tirar aquellos alimentos que al final del día se encontraban a la venta y por tanto en condiciones de ser consumidos, como también el almacenamiento de comida con fecha de caducidad próxima.
El autor de dicho Proyecto, el Diputado del Partido Colorado Adrián Peña, propone la distribución de los alimentos a Organizaciones no Gubernamentales (ONG); Bancos de Alimentos y a entidades de beneficencia, para que los entreguen sin costo, multiplicando de esa manera el número de comidas gratuitas que se brindan diariamente a personas que generalmente viven en situación de calle, y reciben platos calientes de organizaciones civiles, sobre todo en horas de la noche.
Por otro lado, se busca que los productos caducados, tampoco puedan tirarse y que se destinen a alimentar animales o para la producción de compost para la agricultura; recomendándose al gobierno, llevar adelante campañas educativas donde se eduque a los ciudadanos a no despilfarrar alimentos.
Si bien Uruguay cuenta con una Institución como el INDA (Instituto Nacional de Alimentación), donde se atiende a unos 200 mil compatriotas, a través de Organizaciones Sociales, centros CAIF, comedores departamentales o por medio de las 28 mil tarjetas entregadas a hogares con riesgo nutricional o a personas con enfermedades crónicas que requieren complementos alimenticios, o el MIDES, que desarrolla un sistema de apoyo a sectores vulnerables de la población, fundamentalmente a través de la entrega de tarjetas para comprar en almacenes; los últimos datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas, sostienen que son 10 mil las personas que no pueden satisfacer mínimamente sus necesidades alimentarias, teniéndose en cuenta que en el país existen 335 mil pobres (9,7% de la población total) que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, si no son más.
Ante números tan preocupantes, sumada la inflación que padecemos, la que influye sobremanera en el acceso a la canasta básica, y que no está cuantificada la cantidad de alimentos que se tira a la basura pero sí el número de ciudadanos que tienen problemas económicos para comer; es que la iniciativa apunta a que los mencionados comercios «no podrán destruir o tirar comida o productos de alimentación que se han quedado sin vender y que todavía se encuentran en condiciones de ser consumidos», como lo establece en su Artículo 1.
Es hora que en un país como el nuestro, donde la base de la economía ha sido, es y continuará siéndolo por muchísimo tiempo más, la producción de comida, se comience por la lógica distribución de la misma, pudiendo ser un inicio, la idea volcada por el mencionado legislador.
Por lo que, bienvenida sea la propuesta, y exhortamos a los parlamentarios de todas las fuerzas políticas a apoyarla; porque tomar conciencia de que hay Orientales que sufren hambre, es parte de la solución a ese flagelo, siendo harto necesario, eliminar el inmoral hábito de tirar alimentos.
