Con la suba del IRPF el gobierno quiere evitar costo político de no devolver Fonasa.
Comisión evalúa eventuales problemas jurídicos de no reintegrar los excedentes del Fondo de Salud.
El gobierno quiere evitar el costo político que tendría eliminar el próximo año –en la previa de las elecciones nacionales- la devolución de adelantos por pagos al Fonasa. Así lo aseguraron a El Observador fuentes oficiales, y esa es una de las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a analizar un plan B para conseguir el dinero que pretende destinar a la financiación de planes sociales. En la reunión del Consejo de Ministros del lunes, se advirtió que la medida puede acarrear problemas jurídicos que pueden habilitar reclamos, indicaron las fuentes.
Con la decisión de no resignar los planes sociales previstos, se analiza entonces ampliar el pago del 30% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a quienes perciben ingresos desde $ 200 mil. Hoy, quienes ganan entre $ 194.835 y $ 298.746 pagan 25% de IRPF. Según informó El País, al menos unos 2.200 contribuyentes serían alcanzados por la medida.
En el gobierno se valora que son más de 80 mil personas las que recibirían la devolución de aportes al Fonasa (el año pasado fueron devueltos US$ 52 millones por ese concepto), y que la medida podría habilitar reclamos judiciales. Para evitar una eventual declaración de inconstitucionalidad, una comisión analizará, a pedido del presidente José Mujica, cuál de las fórmulas es la más conveniente. Esa comisión analizará también si la franja de aportes del 25% se elimina o persiste un núcleo de contribuyentes que tribute ese porcentaje.
Los legisladores frenteamplistas aún no recibieron oficialmente la información. Sin embargo, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) indicó a El Observador que el tema “hay que estudiarlo a la luz de las consecuencias jurídicas y políticas” que tiene. Sobre la ampliación de la franja del IRPF indicó que “es una posibilidad que siempre puede existir” y que “el sistema tributario es dinámico y por lo tanto puede admitir este tipo de modificaciones para los ingresos más altos, cercanos a los $300.000”.
Con la suba del IRPF el gobierno quiere evitar costo político de no devolver Fonasa.
Comisión evalúa eventuales problemas jurídicos de no reintegrar los excedentes del Fondo de Salud.
El gobierno quiere evitar el costo político que tendría eliminar el próximo año –en la previa de las elecciones nacionales- la devolución de adelantos por pagos al Fonasa. Así lo aseguraron a El Observador fuentes oficiales, y esa es una de las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a analizar un plan B para conseguir el dinero que pretende destinar a la financiación de planes sociales. En la reunión del Consejo de Ministros del lunes, se advirtió que la medida puede acarrear problemas jurídicos que pueden habilitar reclamos, indicaron las fuentes.
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Con la decisión de no resignar los planes sociales previstos, se analiza entonces ampliar el pago del 30% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a quienes perciben ingresos desde $ 200 mil. Hoy, quienes ganan entre $ 194.835 y $ 298.746 pagan 25% de IRPF. Según informó El País, al menos unos 2.200 contribuyentes serían alcanzados por la medida.
En el gobierno se valora que son más de 80 mil personas las que recibirían la devolución de aportes al Fonasa (el año pasado fueron devueltos US$ 52 millones por ese concepto), y que la medida podría habilitar reclamos judiciales. Para evitar una eventual declaración de inconstitucionalidad, una comisión analizará, a pedido del presidente José Mujica, cuál de las fórmulas es la más conveniente. Esa comisión analizará también si la franja de aportes del 25% se elimina o persiste un núcleo de contribuyentes que tribute ese porcentaje.
Los legisladores frenteamplistas aún no recibieron oficialmente la información. Sin embargo, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) indicó a El Observador que el tema “hay que estudiarlo a la luz de las consecuencias jurídicas y políticas” que tiene. Sobre la ampliación de la franja del IRPF indicó que “es una posibilidad que siempre puede existir” y que “el sistema tributario es dinámico y por lo tanto puede admitir este tipo de modificaciones para los ingresos más altos, cercanos a los $300.000”.
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