Adriana Carabajal Conti, en nombre de la Asociación Ambientalistas Salto, cuestiona el avance del Proyecto Arazatí-Neptuno y denuncia su inconstitucionalidad, alertando sobre sus riesgos para la soberanía hídrica nacional.
Desde la Asociación Ambientalistas Salto, Adriana Carabajal Conti alza su voz en nombre de cientos de ciudadanos preocupados por el rumbo que podría tomar el acceso al agua potable en el país.
En una conversación abierta con EL PUEBLO expresó su rechazo al Proyecto Arazatí-Neptuno, una iniciativa privada que pretende instalar una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, tomando agua del Río de la Plata para desalinizarla, venderla a OSE y que esta, a su vez, la revenda a la población.
El núcleo del conflicto radica, según Carabajal Conti y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, en la privatización progresiva de un recurso esencial. “El acceso al agua es un derecho humano fundamental. Las razones de orden social deben anteponerse a las económicas”, reafirma, citando el artículo 47 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.
Para ambientalistas y ciudadanos organizados en todo el país, este artículo constitucional madanta que el agua debe ser gestionada de forma pública, sustentable y participativa. “Este proyecto es inconstitucional. Sin embargo, los tribunales aún no han analizado el fondo del caso, solamente se han pronunciado por cuestiones de forma. No es por falta de pruebas, sino por una omisión institucional que debemos señalar”, denuncia.
Carabajal Conti recordó que desde noviembre de 2023, junto a otras organizaciones territoriales, participan activamente en las actividades y deliberaciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Mediante encuentros presenciales, reuniones virtuales y canales de comunicación constantes, comparten estrategias y análisis sobre el avance del proyecto Neptuno y su impacto en el país.
Exigiendo la nulidad del contrato
Venciendo el plazo de 90 días que el Ministerio de Ambiente había anunciado para definir si se firmaba o no el contrato con la empresa proponente del proyecto, los ambientalistas reclaman una resolución en contra al mismo.
“Estamos a la espera de una resolución oficial, pero no con pasividad. Exigimos la nulidad de este contrato, porque implica defender la vida, el ambiente y el futuro de todos los uruguayos. No es una consigna vacía, es un acto de conciencia y resistencia”, remarcó.
La crítica más severa se dirige a las autoridades nacionales y, en especial, a la clase política. “Los políticos que hoy ocupan cargos fueron elegidos por el pueblo para cumplir la Constitución, no para servirse de ella. No los elegimos para que entreguen nuestros bienes comunes al mejor postor. Piensan en sus intereses, en sus bolsillos, no en la gente ni en las generaciones futuras”, dijo.
La activista expresó su preocupación por la escasa información que muchas veces llega al interior del país y llamó a los habitantes de Salto a involucrarse activamente. “Necesitamos que la gente salga de la nebulosa. Este no es un problema solo de San José, es un problema de todos. Si se avanza con la privatización del agua, se pone en riesgo nuestra soberanía hídrica, nuestra salud y nuestra dignidad como sociedad”, advirtió.
El problema no es técnico, es político
El Proyecto Arazatí-Neptuno ha sido impulsado como una “solución” frente a la crisis hídrica de 2023, cuando los niveles del embalse de Paso Severino pusieron en jaque el abastecimiento de agua potable para Montevideo y su área metropolitana. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas han advertido que la propuesta prioriza una visión mercantil del agua, con escasa participación ciudadana y poco estudio de impacto ambiental profundo.
“La crisis no se soluciona vendiendo el agua. Se soluciona con políticas públicas reales, inversiones en infraestructura, protección de las cuencas y participación ciudadana. El problema no es técnico, es político”, afirmó Carabajal Conti.
Desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida se continúa trabajando en acciones legales, movilizaciones y campañas informativas para que la población conozca las consecuencias del proyecto. Su lema, que ya se ha transformado en consigna nacional, resuena en todo el país. “El agua no se vende, se defiende”.
