«El derecho y el deber son como las palmeras: no dan frutos si no crecen uno al lado del otro»
Hugues-Félicité Robert de Lamennais (Filósofo francés)
No es novedad para nadie que desde hace un buen tiempo el relacionamiento de Ancap con los trabajadores agrupados en su sindicato (FANCAP) no es bueno. Los conflictos son permanentes, las medidas de protesta tomadas por los trabajadores reiteradas veces también.
Son medidas que siempre perjudican el funcionamiento en sus sectores más importantes, algo que por supuesto es hecho adrede, y es entendible y hasta lógico, de lo contrario poco o ningún efecto tendría la medida.
El asunto ahora es que el Directorio ha decidido aplicar descuentos que penalicen esas medidas ¿A qué medidas nos referimos? A las que se conocen como “de huelga atípica”. Ante esta resolución, hemos escuchado a quienes alaban al gobierno actual porque entienden que ese rigor (el que se desprende de los descuentos de sueldo) es el que debe tenerse siempre para que las cosas funcionen bien; ven en esto una actitud de firmeza de este gobierno digna de elogio. Otros, al contrario, lo cuestionan con dureza porque entienden que se trata de una medida poco menos que dictatorial, contra la clase trabajadora, etc.
Por eso es bueno aclarar que ni los elogios ni las críticas deberían dirigirse al gobierno actual, simplemente porque basta con leer un poco para ver que lo que se está haciendo es dar cumplimiento a un decreto del año 2008, es decir: elaborado durante el primer gobierno frenteamplista. Un decreto, una resolución, que a nuestro entender está bien. Creemos que lo aprobado en 2008 es correcto y pasamos ahora a explicar por qué.
Vale agregar además que los descuentos ya se habían aplicado en años anteriores; pero sucede que ahora comenzaron a penalizarse, como decíamos antes, las medidas que en las propias leyes aparecen denominadas como “huelga atípica”, y que últimamente no se venía aplicando como por “cordialidad” (por llamarle de alguna forma) mientras se entablaba el ámbito de negociación establecido con el Ministerio de Trabajo.
Entonces, inevitablemente conviene dejar bien en claro qué se entiende por “huelga atípica”. Esta es la aplicación de medidas que no suponen un paro de los que podemos considerar “comunes” (lo que sería simplemente no asistir a trabajar), sino que se trata de acciones que realizan los trabajadores una vez instalados en su lugar de trabajo, es decir: marcan tarjeta, pero luego distorsionar el normal funcionamiento de la empresa. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo con el trabajo a reglamento, o con paros de brazos caídos, etc. Sin dudas que son acciones que suelen perjudicar bastante más que simplemente no ir a trabajar. El daño para la empresa es, generalmente, mayor.
En el caso concreto de ANCAP, por dar uno de los ejemplos más claros, una de esas medidas ha consistido en que no se firmen los permisos de trabajo a los operarios del sector mantenimiento de la refinería. De esa manera, queda en situación de riesgo la operación normal de una planta que requiere mantenimiento cotidiano. Dicho con otras palabras: no es un paro común u ordinario porque todos los funcionarios entraron a trabajar, pero un grupo de ellos se niega a cumplir una tarea fundamental para el normal funcionamiento de la empresa. Otro ejemplo: que los funcionarios se nieguen a hacer horas extra, porque así se retrasa la parada de mantenimiento imprescindible y cuando se produzca, el reinicio de su operación puede dilatarse durante muchos más meses de lo previsto, lo que a su vez implicaría grandes pérdidas, porque por un lado Ancap deberá pagar multas debido al retraso a las empresas que llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento y, por otro, se verá obligada a importar combustibles refinados durante muchos más meses de los previstos inicialmente.
Ahora bien, insistimos: penalizar estas acciones con descuento en los haberes no es de ahora, es de 2008. Quien guste informarse puede remitirse al decreto 401/008, del 26 de agosto de ese año, firmado por el entonces Presidente de la República Tabaré Vázquez y todo el Consejo de Ministros de la época. Un consejo de Ministros que podríamos recordar: Daisy Tourné, Gonzalo Fernández, Danilo Astori, José Bayardi, María Simón, Víctor Rossi, Daniel Martínez, Eduardo Bonomi, Ma. Julia Muñoz, Ernesto Agazzi, Héctor Lescano, Carlos Colacce y Marina Arismendi.
Y sinceramente no lo vemos como un decreto propio de una dictadura o de los gobiernos “de la derecha”, como dicen algunos. Parece un decreto justo. Creemos que lo es. Razonemos esto: quien concurra a su lugar de trabajo pero no precisamente a trabajar sino todo lo contrario, a distorsionar el trabajo, debe recibir un descuento. ¿Cuál es el misterio?
En el decreto al que hacíamos referencia se señala que con las medidas de huelga atípica “se ha constatado que se deja en forma proporcional de cumplir con la prestación de servicios a cargo de los funcionarios”, citando a continuación un fallo del Tribunal de Cuentas de 2004 que estableció que si los funcionarios “dejan de cumplir las tareas encomendadas, por las razones que fueren (huelga, trabajo a reglamento, u otras modalidades), se configura incumplimiento y por tanto resulta ajustado a derecho la decisión del jerarca, en el sentido de que los trabajadores que adoptan tal conducta deben ver disminuida su remuneración en forma proporcional a la reducción de su rendimiento”.
Nos guste o no…¿Queda alguna duda que el Directorio de ANCAP ha adoptado una decisión que tiene pleno respaldo del Derecho?
Incluso el propio presidente de Ancap, Ing. Alejandro Stipanicic, ha dicho que “este Directorio respeta a la organización sindical y el derecho de huelga”, pero que no está dispuesto “a abdicar de las competencias que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley”. Y sí, todos debiéramos respetar el derecho a la sindicalización y la huelga, pero todo eso está regido por la ley, o sea, tiene límites que también deben respetarse, tanto como los derechos.
Pero además, y con esto intentaremos ir sintetizando los conceptos, las medidas de “huelga atípica”, en este caso al menos, nos parece un atropello a la sociedad toda. Vea usted, estimado lector: por un lado a quienes aportamos dinero constantemente para que esos funcionarios tengan su sueldo mes a mes; también por supuesto a quienes aportamos para que la empresa -que es del Estado- funcione bien y dé ganancias, no pérdidas; y por otro, es casi una burla a las miles de personas que en este país no tienen trabajo y desearían acceder a uno pero para cumplirlo de verdad, porque no solo tienen necesidad sino también ganas de hacer las cosas bien.
En fin, entre derechos, deberes y excesos transitan las cosas…
