En los últimos tiempos, nos hemos acostumbrado a escuchar sobre la recolección de firmas para esto o aquello. Se trata, en realidad, de juntar adhesiones para llevar a un plebiscito determinado asunto. Así es que se habló mucho y se sigue hablando de las firmas “por una deuda justa”, de las firmas “para reformar la seguridad social”, “para permitir los allanamientos nocturnos”. Antes se oyó en algún momento que organizaciones medioambientales nos hablaban de firmar para impedir que el Estado haga “negocios en secreto” con empresas internacionales, etc.
Siempre pensamos que este mecanismo es valioso. De hecho, está contenido en la Constitución de la República y por algo será. Si bien cada cinco años los uruguayos tenemos la posibilidad de elegir, reelegir o cambiar a nuestros representantes en el gobierno, no está para nada mal que en medio de ese lustro haya iniciativas populares como puede ser un plebiscito. Hay quienes dicen, incluso, que es una de las formas más poderosas y eficaces de ejercer una democracia plena, en la que cada uno es libre primero de firmar o no, y luego de votar la opción que quiera (o ninguna).
Sin embargo, vemos con preocupación varias cosas. Por un lado, la confusión de gran parte de la ciudadanía en cuanto a “para qué me piden la firma”. Por otro, el hecho de que partidos políticos se inmiscuyan en estas movidas. Y además, la falta de transparencia que se está demostrando, en algunos casos, en la verificación de las firmas.
Antes de entrar de lleno en algunos de estos puntos, digamos que hay exigencias de parte de la Corte Electoral que, si bien tendrán su razón de ser, parecen al menos un poco exageradas. ¿La firma de una persona tiene que ser idéntica a la de la Credencial Cívica? Sí. Ahí tiene un ejemplo. Insisto en que habrá motivos para sostener estas exigencias, pero la Credencial se obtiene a los 16 o 17 años; ¿podrá un adulto mayor mantener tan intacta esa igualdad? No sé… Son cosas que se nos ocurren que están un poco fuera de lugar.
Bien, respecto a la confusión, creemos que quien quiera informarse, tiene dónde y cómo hacerlo, hasta en un celular. Pero claro, nunca falta alguna persona malintencionada que engaña a otras, y eso por supuesto es lo que no debería pasar. Además, claro está, que a muchos no les interesa informarse. En cuanto a los partidos políticos, es un tema complejo: ¿cómo hacer para que el común de la gente entienda que por una deuda luchan personas de muchos partidos y no solo de Cabildo Abierto? ¿Cómo explicar que por la seguridad social no es solo una lucha del Frente Amplio (y su brazo PIT-CNT)? Habría que estudiar más el tema, sin dudas. Y respecto a la falta de transparencia, podemos detenernos un poco más.
A primera vista, hace unos días, nos pareció escandaloso el hecho de que hubiese tantas firmas irregulares entre las recolectadas para el plebiscito impulsado por la seguridad social. Pero a medida que pasan los días, la situación empeora: aumenta la cantidad de firmas descartadas por irregularidades. Según el último reporte de la Corte Electoral, el porcentaje de firmas descartadas sigue en aumento. El PIT-CNT, lejos de admitir su error, niega categóricamente cualquier sospecha de fraude y ofrece todo tipo de excusas para justificar la alta tasa de firmas rechazadas. Atribuyen el problema a cuestiones técnicas y errores humanos. Pero, ¿por qué con tanto apresuramiento, hablaron de un “batacazo” de 430 mil firmas? Al fin y al cabo, todo (y en especial los números, es decir, la realidad misma) parece indicar que era una mentira.
Puede decirse que de las 241.926 firmas ingresadas hasta el comienzo de esta semana, la Corte había aceptado 174.858 y llevaba rechazadas 59.106 rúbricas. A mediados de mayo, el “descarte” de firmas rondaba el 20%. Luego, ese porcentaje subió; porcentaje muy elevado en comparación con instancias similares (cuando era rechazado habitualmente un 10% o 12%). Preocupa la falta de transparencia, dijimos, porque fácilmente la gente puede preguntarse: ¿se intentó manipular la voluntad popular? ¿En qué o en quiénes nos queda por creer?
Es común que quienes impulsan este tipo de instancias, que -como ya lo dijimos- no dudamos que le hacen bien a la democracia, se autoproclamen “defensores de la transparencia” y “defensores de la voz del pueblo”, en definitiva, “defensores de la democracia”. ¿Cómo pueden ocurrir entonces estos groseros ataques a la democracia?
¿La verdad entonces es que no existió ese supuesto apoyo masivo al plebiscito? El espíritu triunfalista y el famoso “el pueblo unido jamás será vencido”, ¿era solo un eslogan sostenido por firmas fraguadas, por maniobras deshonestas? Queremos creer que no. Pero es legítimo desconfiar, ¿o no?
El PIT-CNT solicitó a la Corte un informe técnico en el que detalle los criterios utilizados para aprobar o rechazar las firmas. Incluso, la central sindical resolvió que contactará a las más de las 30.000 personas cuyas firmas fueron rechazadas por no coincidir con la rúbrica que figura en sus credenciales cívicas. ¿Y los demás partidos políticos qué están haciendo al respecto? Digo esto porque no me parece un tema menor en ninguno de los dos casos posibles: tanto si se intentó un fraude como si el sistema de verificación está fallando. Fíjese que, sea uno u otro el motivo, ambos pueden terminar torciendo una decisión del pueblo.
Dice La Diaria que “según los datos actualizados hasta este jueves, son 33.580 las firmas que fueron rechazadas por no coincidir con la de la credencial, sobre un total de 64.827. Es decir, que 51,7% de las adhesiones rechazadas lo fueron por este motivo. Desde la Corte Electoral señalaron a La Diaria que el PIT-CNT aún no hizo una solicitud formal para recurrir estas firmas, pero que llegado el caso está previsto que eso pueda ocurrir (…) El dirigente sindical Daniel Diverio dijo a La Diaria que también solicitaron a la Corte Electoral que elabore un informe técnico en el que se expliquen los criterios que llevan al rechazo de las firmas, ya que entienden que no “son claros” y que pueden existir “criterios dobles”.
Al jueves 13, se aprobaron 193.663 firmas, lo que equivale al 7% de los habilitados para estas elecciones. El 10% requerido son unas 276.151.
En definitiva, lo que queremos dejar planteado, que sirva para esta y para futuras instancias de similares características, es que se requiere una revisión importante. Y una cosa más: si lo que está fallando son los mecanismos de la Corte Electoral, esto debe explicarse con claridad a la ciudadanía y, por supuesto, corregirse inmediatamente; si lo que está ocurriendo es un intento de fraude, seguro que hay quienes deben responder como responsables.
