Organizaciones y ciudadanos de diversas orientaciones políticas se movilizarán este 1° de marzo en Montevideo para rechazar la iniciativa que prevé abastecer de agua a la capital y su área metropolitana desde el Río de la Plata.
Una marcha bajo el lema «Por el agua, la soberanía y contra el Proyecto Neptuno» tendrá lugar el próximo 1° de marzo, partiendo desde la explanada del Instituto de Profesores Artigas (IPA) a las 12:30 horas en dirección al Palacio Legislativo. La movilización es convocada por ciudadanos y organizaciones de distintas filiaciones políticas que cuestionan la iniciativa firmada por el actual gobierno y respaldada por el mandatario electo Yamandú Orsi.

Una continuidad de la protesta nacional
La convocatoria surge como continuación del Encuentro Nacional por el Agua y la Soberanía, realizado el pasado 20 de febrero en la Plaza Independencia. En esa instancia, diversas organizaciones y referentes como el Movimiento Uruguay Soberano expresaron su oposición al Proyecto Neptuno, también denominado Proyecto Arazatí.
Entre los participantes de la protesta anterior se destacaron figuras como el Ing. Daniel Panario (Facultad de Ciencias, UDELAR), el Dr. Juan Ceretta, el Med. Vet. Irineu Riet Correa, la Dra. Margarita Machado, el Ing. Agr. César Vega, el Med. Vet. Esteban Calone (Comisión de Seguimiento de UPM), el Dr. Hoenir Sarthou y el periodista Marcelo Marchese, entre otros.






Las críticas al Proyecto Neptuno
El Proyecto Neptuno, aprobado por el gobierno de Luis Lacalle Pou y que Orsi ha declarado que mantendrá para garantizar la «seguridad jurídica», implica una inversión pública de 900 millones de dólares a lo largo de 20 años. La iniciativa pretende captar agua del Río de la Plata para abastecer a Montevideo y su área metropolitana.
Entre los principales cuestionamientos al proyecto, los manifestantes señalan:
- Calidad deficiente del agua que se pretende utilizar.
- Elevado costo de ejecución.
- Privatización del suministro de agua, lo que contradice la Constitución, que establece su gestión exclusivamente estatal.
- Pérdida de soberanía sobre un recurso estratégico.
Diversos estudios de organismos públicos y privados, incluyendo análisis de la Universidad de la República, han alertado sobre los riesgos del proyecto desde el punto de vista ambiental, técnico y jurídico. A pesar de estas advertencias y de las objeciones expresadas incluso dentro del Frente Amplio, tanto el gobierno saliente como el entrante han ratificado la continuidad del contrato.
Los organizadores de la marcha consideran que esta postura política representa un nuevo atentado contra la soberanía nacional y los principios constitucionales en la gestión del agua, un recurso vital para la población uruguaya.
