El tema Antel Arena (irregularidades sí o irregularidades no), volvió a estar días pasados sobre la mesa, a raíz que fuera archivado el caso en la Justicia. En el año 2021, las autoridades de Antel llevaron a Fiscalía los resultados de una investigación y reclamaban que todo lo sucedido con los procedimientos durante su construcción, etc., se juzgara como delito de «Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley», tipificado en el artículo 162 del Código Penal.
No tuvieron suerte. La semana pasada, la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, archivó la denuncia presentada por presuntas irregularidades en la construcción de este moderno complejo. De haber prosperado la denuncia, hubiera sido un golpe tremendo a Carolina Cosse (principal de Antel en aquel momento), que creo, en definitiva, es lo que se buscaba de alguna manera (evidentemente porque ya se perfilaba como seria candidata a Presidente de la República).
Ahora bien… A mí esto me hace acordar al caso CTM de Salto Grande. Caso en el que, salvando las diferencias lógicas, se le quiso dar un golpe a Carlos Albisu y al Partido Nacional (y de hecho se dio ese golpe, aunque se verá que tan fuerte fue, recién en las próximas elecciones). ¿Sabe por qué son parecidos los casos? Porque si bien no hay en ninguno de los dos (ni construcción del Antel Arena ni clientelismo político blanco-colorado en CTM) ninguna irregularidad legal, hay enormes, ¡pero enormes! irregularidades desde el punto de vista político, y ético y moral… ¿O no?
Carolina Cosse, en mi opinión, no sale limpia después de este archivo del caso. Así como Albisu tampoco salió limpio renunciando a su cargo en CTM. En ambos caso, comprobadamente hubo “Relajo”. Busque usted lo que dice la Real Academia Española como significado de este vocablo, y encontrará que refiere a “desorden” y “falta de seriedad”. Precisamente lo que entiendo hubo en estos dos casos. Agrego yo: y falta de transparencia.
Porque, volviendo al caso Antel Arena que es más reciente (de CTM ya hemos hablado mucho), más allá del archivo de las actuaciones, la negligencia, las desprolijidades, ¡y los gastos excesivos!, existieron, claro que sí. ¿O alguien puede negarlo? ¿O es un invento de blancos y colorados?
Porque resulta que ahora que se archivó el caso, parece que no hubiera pasado nada. No, señores. Pasaron cosas graves. Hubo irregularidades graves, aunque no desde el punto de vista penal.
El fiscal no encontró pruebas de la «intencionalidad» que reclama la figura penal, pero eso no quiere decir -insisto- que no haya habido relajo. Porque no nos olvidemos que las expresiones «desprolijidades administrativas», «manejo dispendioso de los recursos públicos», entre otras similares, no las dice quien está escribiendo esta nota yo, las dijo el propio fiscal, que entendió -y respeto su decisión-, que a pesar de eso ameritaba archivar el caso.
No soy yo, es el fiscal el que también dice que la mayor parte de las compras se hicieron por excepción, todas las actuaciones se declararon reservadas y la obra costó tres veces lo presupuestado. Entonces, no es que no pasó nada.
Vea usted que el informe de la empresa Ecovis (que se encarga de auditar cuestiones financieras, tributarias, etc.) informe avalado por la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), indicó por unanimidad (o sea incluyendo el representante frenteamplista) que eran faltas graves. Y le digo más, hasta ahora ninguno de los hechos allí denunciados fueron desmentidos. Entonces, los defensores de Carolina Cosse y su gestión en Antel, más que festejar que se archivó el caso, tendrían que preocuparse por desmentir las acusaciones de irregularidades que la propia Fiscalía y la propia JUTEP señalan como tales. Ahí sí, estarían limpiando la imagen de la candidata, si lograran desmentir, con pruebas, esas acusaciones.
No es poca cosa de lo que estamos hablando…La empresa auditora informó que el costo total de la obra fue de U$S 118.065.064, cuando la ingeniera Cosse había estimado el costo en U$S 40 millones. ¿Un pequeño error de cálculo? ¡Casi U$S 80 millones de diferencia! ¿Y se nos va a decir que no hubo improvisaciones e irregularidades? Por otro lado, que la mayoría de las contrataciones para la construcción del complejo fueron por compra directa y compra directa por excepción, también debemos asumir que es cierto. Porque si no, tendrían que presentarse los documentos demostrando lo contrario, y nadie lo hace, nadie lo ha hecho y difícilmente alguien lo haga, simplemente porque se carece de documentación de respaldo.
Como si fuera poco, la JUTEP afirmó que “la idónea administración de los recursos públicos se vio resentida como resultado de la acción u omisión de los gestores responsables del proyecto».
¿Qué más hay que decir para darse cuenta que fue un disparate? Dice además el directorio de la JUTEP que todos los análisis «llevan a concluir que, en general, la Administración no se sujetó al ordenamiento jurídico vigente, vulneró los principios generales de Derecho que rigen el obrar administrativo y los específicos de la contratación administrativa que dispone el TOCAF (texto de contabilidad); no atendió las observaciones efectuadas por los Órganos de control -Tribunal de Cuentas y Unidad de Acceso a la Información Pública- y se apartó de los preceptos de ética pública vigentes».
Dice más adelante: «Antel invirtió la regla general», al llevar a cabo «todas las contrataciones a través del «mecanismo de excepción», algo que llevó al TCR (Tribunal de Cuentas) a realizar constantes objeciones». Agrega que Antel «clasificó todas las actuaciones como reservadas, violentando el principio de publicidad y transparencia, así como el interés general consistente en el derecho al acceso a la información».
Pero es sorprendente también -porque todo esto sigue sorprendiendo-, que cuando el fiscal solicita un informe oficial acerca del costo definitivo «se nos respondió que se carecía de dicha información». Y agrega: “Todos estos hechos dan cuenta de la ausencia de los debidos controles así como de desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la obra”.
Sobre las millonarias pérdidas del complejo (desde 2019 a 2022 ha perdido aproximadamente $ 1.700 millones), el fiscal argumenta que «escapa al ámbito de competencia del suscrito» y que el «enjuiciamiento de las eventuales pérdidas del ANTEL ARENA debe ser analizado en ocasión de considerar la conveniencia u oportunidad de haber realizado una obra de tal magnitud, o a la hora de examinar si los jerarcas de la época que decidieron llevar adelante la obra son administradores diligentes de los dineros públicos».
Y sigue, sigue, sigue enumerando irregularidades…
Entonces vuelvo al comienzo: acá ocurrió un disparate. A mí se me ocurre compararlo con el disparate que sigue ocurriendo en Salto Grande. No son delitos legales, pero ¿y la ética?, ¿y la moral?, ¿y la responsabilidad ante los ciudadanos dónde queda?
Lo último que digo: qué país generoso con algunos…Porque mientras hablamos de estas millonadas, al joven salteño Nazareno, no se le podía costear la medicación, y hay niños y jóvenes y personas de todas las edades que se mueren (literalmente) porque no pueden acceder a determinados tratamientos. Penoso, muy penoso.
