César Rodríguez Paz, de Colonia Arerunguá
En algunos sectores del quehacer agropecuario del departamento existe preocupación ante las nuevas disposiciones que regularán, desde la aprobación del nuevo Presupuesto Nacional, la política de tierras y el desarrollo rural en general. Sabido es que el organismo de referencia en esta materia es el Instituto Nacional de Colonización (INC) y sabido es, además, que el actual Gobierno pretende que parte de los recursos asignados a estos fines pasen ahora a conformar un fondo para atender la problemática de los asentamientos. EL PUEBLO pudo dialogar días pasados con César Rodríguez Paz, miembro de una de las 9 familias que integran la Colonia Arerunguá, ubicada en Salto, en el Km 160 de Ruta 31 (entrada a Paso de las Piedras de Arerunguá). Las familias residen en un predio de 760 hectáreas de basalto superficial (asignado por el INC), predominantemente ovejero, y forman parte de un proyecto creado en 2007.
«Nosotros estamos en defensa del INC; somos adjudicatarios desde 2007 con nuestro proyecto asociativo…Estos proyectos permiten accesos grupales a predios, de grupos que tienen una composición mixta, con asalariados y pequeños productores», comienza explicando el colono, para explicar inmediatamente que «siempre existen dificultades de financiamiento, se trabaja siempre al límite, con restricciones».
Entiende Rodríguez que «el tema de Colonización no es sólo el recurso tierra, sino que en esta discusión espero que se empiece a entender que es muy importante la presencia del Estado. La producción familiar necesita un apuntalamiento económico y financiero, y esto es negado por algunas políticas. Son familias que no tienen «espalda» económica para poder incorporar maquinaria, tecnología…La producción familiar, y sobre todo el asalariado cuando es asociativo, necesita ese respaldo».
-¿Ustedes creen que se atenta ahora contra el Instituto?
Lo que se plantea claramente es el desmantelamiento del INC, nosotros queremos hablar claro. Han habido tres tramos de la Ley de Presupuesto, primero se le quita un 90% de los dineros que tenía el Instituto para la compra de tierras, para el fondo de tierras; luego se baja considerablemente el dinero que dispone para funcionar medianamente todo el año; y como estocada final se plantean estas medidas que son transferir recursos genuinos a través de impuestos que están previstos en la ley, para la formación de un fideicomiso para solucionar los asentamientos. Pero además se sacan de bajo la administración del INC, unas 48.000 o 49.000 hectáreas que, si bien son predios privados, están bajo administración del Instituto.
-Hace poco hubo una manifestación frente al Palacio Legislativo a la que fue gente de todo el país…
Sí, y quedó muy clara la postura del interior en esa manifestación del 15 de octubre, que nosotros estimamos aglutinó a unas 30.000 personas en la Avda. del Libertador en defensa de la propuesta artiguista asociada al Reglamento de Tierras, pero también asociadas a la defensa de las empresas públicas, a la lucha por la tierra…
-También demuestran ustedes preocupación por el despoblamiento de la campaña, ¿creen que ahora se agravaría más ese problema?
Es un problema muy grave. Año a año se estima que hay 1.000 productores pequeños que desaparecen. Entre 2001 y 2002 desaparecieron 12.000 productores, y esa sangría es permanente. Entonces, si estas herramientas se desarman, se desactivan o se desmantelan, tras que son pocas, porque el Instituto es una de las pocas herramientas de desarrollo que van quedando intactas, y tras que la Dirección General de Desarrollo Rural también fue desactivada, no están quedando instrumentos para apoyo a proyectos de familias que se puedan quedar en el ámbito rural. Nosotros pretendemos poner el debate sobre la mesa, instalar este tema. Pero a nivel de clase política, como decimos en el campo «se enredó bastante la yegua», se entreveraron demasiado los tantos, se generaron demasiadas falsas expectativas…
-Hay quienes dicen que las tierras no se venían adjudicando correctamente, o de la forma más transparente, ¿qué piensa?
En algún momento se aventuró alguien a hablar de clientelismo. Pero creo que hay una intencionalidad política de desprestigiar lo que hace el Instituto. Yo conozco bien cuál es el procedimiento de selección, de análisis de los proyectos, porque hay un departamento técnico que se ocupa de eso, y a mí me merece respeto el trabajo que hacen. Acá la tarjeta del político no camina más hace años, y que puede haber errores y que puede haber adjudicaciones que sean cuestionadas sí, pero incluso está el derecho de pedir acceso a la información pública cuando una adjudicación es dudosa, o si se cree que alguien ha sido perjudicado…Mi padre por ejemplo estuvo 56 años inscripto en Colonización y nunca fue llamado siquiera, ni informado que hubiera padrones que se fueran a adjudicar en la zona, y eso creo que le ha pasado a mucha gente veterana.
-¿Cuántas personas aproximadamente se inscriben para recibir tierras?
Los aspirantes son 1.300 aproximadamente por año; y hoy no tienen ninguna posibilidad de respuesta respecto a tierras, y siguen estando postergados y viviendo en los territorios. Seguramente terminen yéndose a alguna localidad, poblando un asentamiento, y trabajando en otra rama para no regresar a lo agropecuario.
-Otro problema, ¿no?, que gente que sabe mucho de tareas de campo tenga que venirse a la ciudad porque no tiene trabajo…
Exactamente, y con un conocimiento que no lo creás de un día para el otro, sino que son personas que tienen un saber acumulado de muchas generaciones y que es una pena que se vayan. El modelo no es muy atractivo, cuando tenés jubilaciones de 12. 000 o 13.000 pesos…
