La denominada «guerra de las patentes» es uno de los cuellos de botella que enfrenta el Uruguay y que nos tironean hacia un país de una visión minúscula, incapaz adoptar políticas de Estado que tengan la justicia como Norte específico para todos los ciudadanos por igual.
Más allá de la dudosa constitucionalidad que dejan entrever algunas de las medidas anunciadas por las intendencias que ven circular permanentemente por sus comunas vehículos empadronados en otros departamentos, existe un factor esencial: un aspecto ineludible, que es la antipatía que pueden generar en sus coterráneos, los dueños de lujosos vehículos que optan por ahorrar algún dinero empadronando en otro departamento.
Se nos dirá que tienen derecho a hacerlo, que la ley los ampara. Es probable, pero no se nos puede discutir que por un principio elemental de justicia y de deber hacia los contribuyentes que solventan pagando aquí la patente, toda la infraestructura vial departamental, lo justo, lo razonable, es que se pague en el departamento donde se circula.
Es cierto también que la mejor forma de caminar hacia esto, es unificar los valores de las patentes y facilitar la tramitación de quienes desean ser tratados de la mejor forma posible, en tiempo y forma, exactamente igual que lo hacen las demás intendencias.
Para lograr esto hay dos puntas que deben armonizarse. Por una parte, la convicción de que el pago en el departamento donde se circula es lo que corresponde y por otro, la estatura política imprescindible de todos los intendentes del país, para ponerse de acuerdo, sin «ventajearse» en el cobro de este tributo.
Esto es lo que sucede. El fondo de la cuestión, nadie lo dude, es que hay un par de intendencias que no han hallado mejor forma de recaudar que haciéndolo a costillas de las demás intendencias.
El último anuncio conocido tras el congreso de intendentes, es que desde el primero de enero próximo se habrá de proceder a fiscalizar e incluso incautar los vehículos que circulen permanentemente en el departamento con matrícula de otros lugares.
Casi simultáneamente técnicos en derecho tributario han advertido que estas acciones serían inconstitucionales.
De todas formas, existen otros «vericuetos» legales que pueden establecer disposiciones tan onerosas como el costo de la patente mismo a los vehículos que circulen en estas condiciones.
Es el caso de la denominada «tasa de circulación», cuya vigencia no ha sido llevada a la práctica, pero tenemos entendido que está en condiciones de aplicarse en cualquier momento.
De todas formas, es una salida lamentable. Creemos que en esto, el punto de partida es una amnistía y posteriormente, una regularización imprescindible.
En algún momento tendremos que entenderlo.
