Columnas De Opinión
Dr. Pablo Sosa Pereira
Dr. Pablo Sosa Pereira
Pablo Sosa es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (2022). Especialista en Derecho Electoral, integra la Corte Electoral desde 2009 y actualmente es secretario de la Oficina Electoral de Salto y prosecretario de la Junta Electoral. En 2023 fundó el estudio jurídico Sosa-Pereira & Asociados, enfocándose en Derecho Público y Electoral. Tiene publicaciones académicas y se destaca por su experiencia institucional, práctica profesional y aporte al estudio del sistema electoral.

Alzheimer y olvido: cuando desaparece quiénes somos, la ley es la última red

Denuncias sin fundamento generan costos económicos y desgaste emocional. Especialistas advierten sobre el uso abusivo del sistema judicial y reclaman mayores filtros legales.


El Alzheimer no solo borra recuerdos: borra identidades. Es un proceso cruel y silencioso que arrasa con la memoria y con la esencia misma de la persona. De un día para otro, o mejor dicho, poco a poco, el afectado deja de saber quién es, quiénes son los suyos, y se pierde en un vacío de olvido que desorienta y paraliza a toda la familia. Esta realidad obliga a que la justicia y el derecho entren en escena para proteger a quienes, cuando se apaga su voz, más necesitan cuidados y amparo.

Cuando la persona pierde la capacidad para decidir sobre sí misma, la ley prevé mecanismos de incapacidad que permiten nombrar tutores o curadores, encargados de cuidar sus derechos y su bienestar. Estos procesos no son meros trámites legales: son la última red de protección frente al abandono y al desamparo. Son también un reconocimiento doloroso de que la autonomía se fue, pero que la dignidad debe mantenerse intacta.

El desafío radica en que estos procedimientos deben ser ágiles, claros y sensibles. Nadie quiere ver a un ser querido atrapado en largas y burocráticas peleas judiciales cuando lo que hace falta es contención, cuidado y respeto. Pero también deben blindar al afectado frente a posibles abusos, porque la vulnerabilidad muchas veces abre la puerta a la explotación.

El impacto del Alzheimer no es un tema solo médico o familiar; es una cuestión social y legal ineludible. La justicia tiene la responsabilidad de acompañar tanto a las personas afectadas como a sus familias, para que los procesos de incapacidad no sean una carga extra sino una vía para garantizar su protección.

En definitiva, cuando la memoria se esfuma y ya no reconocemos a quienes fueron, debe aparecer un sistema legal que los reconozca, los cuide y los dignifique. Porque cuando el Alzheimer nos quita el recuerdo de quiénes somos, la ley debe ser la que no nos deje caer en el olvido.

Hasta la próxima semana.

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