En un clima de alta tensión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la interpelación a las autoridades de la Intendencia de Salto por el cese de 291 funcionarios municipales culminó con una encendida proclama del presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, quien arremetió duramente contra los representantes del Ejecutivo. Finalizada la instancia, pasadas las dos de la mañana, Gómez se dirigió a los trabajadores que montaron vigilia fuera del edificio del legislativo y calificó las respuestas de “vergonzosas”, asegurando que desde el gobierno “le faltó la verdad al pueblo”.
Un precedente que enciende alarmas
El punto más álgido de la crítica del dirigente sindical apuntó a lo que consideró el nudo central del problema: el desconocimiento de las herramientas legales que, históricamente, han garantizado los derechos de los trabajadores. Sostuvo Gómez que el Ejecutivo departamental, con sus argumentos, pretende anular la validez de la Ley de Negociación Colectiva y de los convenios que de ella emanan. Advirtió que esta postura, de naturalizarse, sentaría un precedente nefasto y regresivo no solo para los municipales, sino para el conjunto de la clase obrera del país. “Si realmente esta es la interpretación que hace un Estado de Derecho […] que se apronten los compañeros de la construcción, de la industria y comercio, de la forestal, de los frigoríficos”, alertó el sindicalista, subrayando la gravedad de la situación.
La acusación de una falta a la verdad
Gómez denunció una supuesta falta a la verdad por parte de las autoridades. Recordó que, en reiteradas ocasiones, desde el gobierno se afirmó en los medios de comunicación que la decisión de los ceses estaba respaldada por informes de catedráticos y estudios jurídicos externos de renombre. Sin embargo, reveló que durante la interpelación en la Junta Departamental, los representantes del Ejecutivo admitieron no haber contratado ningún asesoramiento externo. “Le mintieron al pueblo, le mintieron a los trabajadores”, sentenció Gómez, interpretando que esta acción demuestra que la decisión fue arbitraria, tomada únicamente por el área jurídica de la Intendencia, actuando como “juez y parte”.
Revancha política y convicción de lucha
El presidente de ADEOMS atribuyó los despidos a un “plan estratégico de tomar revancha con los trabajadores por cuestiones políticas partidarias”. Según interpretó, el gobierno construyó un relato sobre supuestas ilegalidades e inconstitucionalidades para justificar los ceses ante la opinión pública, relato que, en su opinión, se derrumbó durante el llamado a sala. A pesar de la dureza del escenario, se mostró convencido de que la justicia prevalecerá. Manifestó con firmeza la determinación del sindicato de agotar todas las vías posibles para revertir la situación, ya sea a través de una salida política, un recurso administrativo, un reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o por la vía judicial. Aseguró que los compañeros que se mantengan firmes en la lucha, tarde o temprano, verán restituido su derecho.
“Vergüenza” y un sistema en tela de juicio
Finalmente, con una palabra que repitió varias veces, calificó la actuación del Ejecutivo: “Vergüenza”. Consideró vergonzoso que los representantes del gobierno presentaran esos argumentos y esperaran una resolución satisfactoria por parte de la Junta Departamental. Dejó una advertencia final sobre el sistema político local, afirmando que si el legislativo departamental valida las explicaciones del gobierno, quedará en evidencia que “nuestro sistema político de nuestro departamento está podrido”. Finalmente, los ediles aprobaron por mayoría considerar como satisfactorias las respuestas brindadas por los representantes del Ejecutivo departamental.
