ACISA denuncia desalojo en 15 días pese a comodato vigente y solicita apoyo para encontrar un nuevo espacio en Salto.
La Asociación de Ciegos de Salto (ACISA) atraviesa una situación crítica tras recibir una orden judicial de desalojo con un plazo de apenas 15 días, pese a que —según sostienen— el comodato que les permitía ocupar el local aún se encontraba vigente.
La presidenta de la institución, Esther Reynoso, expresó su sorpresa y preocupación ante una medida que calificó como “inesperada” y “confusa”, en el marco de una relación que durante años se sostuvo bajo acuerdos con la empresa CALSAL.
En estos momentos reclaman una solución y apelan a la solidaridad.
“Siempre nos dijeron que no había problema, que los comodatos iban a seguir estando”, señaló Reynoso, recordando que incluso en febrero del año pasado autoridades de la empresa les transmitieron tranquilidad respecto a la continuidad del espacio.
Según relató, la institución había solicitado en su momento un comodato de mayor duración para poder gestionar, a través de organismos como el ministerio o el área social correspondiente, arreglos edilicios en el local, particularmente por problemas de filtraciones en el techo.
“Nos dijeron que un comodato más largo era complicado por los cambios de autoridades cada dos años, pero que no nos preocupáramos porque los comodatos siempre iban a continuar”, explicó.
Sin embargo, a fines de abril la situación cambió de forma repentina. Desde la empresa se comunicaron —de manera informal— para informar que el local habría sido vendido y que se les otorgaría una prórroga de un año, desde mayo hasta mayo de este año.
“Fue todo de palabra. Ni siquiera sabemos con certeza si el local se vendió o no. Es una confusión muy grande”, afirmó.
⚖️ Un contrato que, aseguran, sigue vigente
Ante este escenario, ACISA revisó la documentación disponible y consultó asesoramiento, concluyendo que el comodato establecía vigencia hasta el 1º de noviembre, con opción a un año adicional.
“Nos dijeron que, aunque se vendiera el local, el comodato seguía vigente. Por lo tanto, entendíamos que teníamos plazo hasta noviembre”, sostuvo Reynoso.
No obstante, en las últimas horas la institución se encontró con un cedulón judicial emitido por el Juzgado de Cuarto Turno, que les concede 15 días para desalojar el inmueble ubicado en calle 8 de Octubre 2083.
“No entendemos nada. Ni siquiera respetaron los plazos que nos habían mencionado. Si era hasta mayo, era hasta mayo. Y si nuestro contrato es hasta noviembre, menos aún”, cuestionó.
⚠️ Una medida “deshumanizada”
Desde la institución consideran que el plazo otorgado resulta inviable, tanto por la falta de un lugar alternativo como por la complejidad logística de trasladar una estructura que llevó años construir.
“Tenemos cocina completa, sala de informática, gimnasio, secretaría. No es fácil moverse, y menos en 15 días si no sabemos a dónde ir”, explicó la presidenta.
En ese sentido, Reynoso fue crítica con la resolución judicial.
“Me parece una acción deshumanizada. No tienen idea de lo que somos, de lo que hacemos ni de la función social que cumplimos”.
ACISA funciona desde hace casi una década en ese local y cuenta con 23 años de personería jurídica, estando debidamente registrada y cumpliendo con todos los requisitos legales.
Actualmente, entre 30 y 35 personas asisten regularmente a la institución, donde se desarrollan actividades de inclusión, formación y acompañamiento, especialmente dirigidas a personas con discapacidad visual.
“Este año incluso tuvimos nuevos ingresos, como una chica que está terminando la escuela y queremos prepararla para el liceo con informática, braille y herramientas digitales”, destacó.
El funcionamiento se sostiene con recursos mínimos.
“Nuestros ingresos muchas veces no llegan a 10 mil pesos. Todo lo que tenemos se fue armando con esfuerzo y con aportes solidarios de la comunidad”, señaló.
🤝 Gestiones y llamado a la comunidad
Desde el año pasado, la institución viene realizando gestiones ante la Intendencia, la Junta Departamental, la Iglesia y distintos actores sociales, en busca de una solución habitacional.
“La única condición que necesitamos es que el lugar tenga acceso a líneas de ómnibus, porque la mayoría de nuestros usuarios se trasladan así”, explicaron.
Asimismo, apelaron a la solidaridad de la población salteña.
“Sabemos que hay casas desocupadas. Pedimos empatía y generosidad para que alguien pueda cedernos un espacio con un comodato largo, que nos dé estabilidad”.
ACISA ya cuenta con asesoramiento legal y trabaja junto a profesionales —incluyendo apoyo desde la Junta Departamental— para intentar frenar el desalojo o, al menos, hacer valer los plazos que entienden les corresponden.
“Sabemos que no somos dueños y que en algún momento nos tenemos que ir, pero no de esta forma. No en 15 días y sin alternativas”, subrayó Reynoso.
“Es un momento de mucha angustia. Nos tomó totalmente por sorpresa y ahora dependemos de que haya una solución, tanto desde lo legal como desde la solidaridad de la gente”.
