Cuando alguien se ve sorpresivamente involucrado en un hecho que termina en la Justicia, sobre todo siniestros de tránsito, tan frecuentes en nuestros días, lo usual es que no concuerde con el fallo o la actuación de la Justicia.
Esto es entendible, dado que en estos casos es difícil mantener la cabeza fría para reconocer lo que pueden haber sido errores, negligencias o imprudencias y obviamente la pasión ocupa el lugar de la razón, se opina en base al corazón, a la sangre y no «a la cabeza», a la razón.
Es así que frecuentemente los disconformes se juntan «se dan manija» y asumen posiciones y acciones que poco tienen de razonadas y sujetas a las leyes, a los tiempos de la Justicia y sobre todo a los procesos que corresponden en cada caso.
No significa esto que desconozcamos los defectos y las deficiencias que se presentan en algunos casos puntuales por parte del sistema judicial.
Pero lo que tememos es que las reacciones impulsivas, las acciones que no se detienen a reflexionar antes de actuar, de alguna manera vayan minando el prestigio del Poder Judicial, una de las bases de nuestro sistema democrático.
Es que pocas veces nos detenemos a analizar el alcance que puede llegar a tener esta forma de desprestigiar gratuitamente a la Justicia.
Es poca la gente que tiene un mínimo de conocimiento del sistema judicial, que se basa en la capacidad de prueba para aplicar las leyes y obviamente, sin ellas no puede tomar decisiones válidas.
Para ser incuestionables, como todos los fallos de la Justicia como pretende cada juez que lo adopta, los jueces deben reunir los elementos probatorios suficientes en los que basar sus decisiones.
En tanto las reacciones populares muchas veces son llevadas por el impulso, por «lo que se dice» o «lo que se sabe», argumentos muchas veces utilizados a la ligera, sin analizarse debidamente.
No desconocemos que hay «casos y casos». No desconocemos que cuando los jueces tienen enfrente a los especialistas más destacados en Derecho Penal, deben tomar otras precauciones, porque cualquier error puede darles vuelta un fallo, logrando el efecto contrario al que pretendían.
Pero esto no es una máxima incuestionable, porque también conocemos casos de personas defendidas por abogados de oficio que han logrado lo que a veces ni siquiera los más destacados especialistas han podido hacer.
Todo esto es conocido por quienes se desempeñan en ámbito del Derecho, pero a veces, prefieren cobijar movimientos impulsivos, con la aspiración de capitalizarlos a favor de la causa que defienden, aunque resulte contraproducente para el sistema mismo.
Cuando esto analizamos no hacemos referencia a ningún caso en concreto, simplemente pretendemos reflexionar en voz alta para ubicarnos debidamente en el tema.
Cuando alguien se ve sorpresivamente involucrado en un hecho que termina en la Justicia, sobre todo siniestros de tránsito, tan frecuentes en nuestros días, lo usual es que no concuerde con el fallo o la actuación de la Justicia.
Esto es entendible, dado que en estos casos es difícil mantener la cabeza fría para reconocer lo que pueden haber sido errores, negligencias o imprudencias y obviamente la pasión ocupa el lugar de la razón, se opina en base al corazón, a la sangre y no «a la cabeza», a la razón.
Es así que frecuentemente los disconformes se juntan «se dan manija» y asumen posiciones y acciones que poco tienen de razonadas y sujetas a las leyes, a los tiempos de la Justicia y sobre todo a los procesos que corresponden en cada caso.
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No significa esto que desconozcamos los defectos y las deficiencias que se presentan en algunos casos puntuales por parte del sistema judicial.
Pero lo que tememos es que las reacciones impulsivas, las acciones que no se detienen a reflexionar antes de actuar, de alguna manera vayan minando el prestigio del Poder Judicial, una de las bases de nuestro sistema democrático.
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Es que pocas veces nos detenemos a analizar el alcance que puede llegar a tener esta forma de desprestigiar gratuitamente a la Justicia.
Es poca la gente que tiene un mínimo de conocimiento del sistema judicial, que se basa en la capacidad de prueba para aplicar las leyes y obviamente, sin ellas no puede tomar decisiones válidas.
Para ser incuestionables, como todos los fallos de la Justicia como pretende cada juez que lo adopta, los jueces deben reunir los elementos probatorios suficientes en los que basar sus decisiones.
En tanto las reacciones populares muchas veces son llevadas por el impulso, por «lo que se dice» o «lo que se sabe», argumentos muchas veces utilizados a la ligera, sin analizarse debidamente.
No desconocemos que hay «casos y casos». No desconocemos que cuando los jueces tienen enfrente a los especialistas más destacados en Derecho Penal, deben tomar otras precauciones, porque cualquier error puede darles vuelta un fallo, logrando el efecto contrario al que pretendían.
Pero esto no es una máxima incuestionable, porque también conocemos casos de personas defendidas por abogados de oficio que han logrado lo que a veces ni siquiera los más destacados especialistas han podido hacer.
Todo esto es conocido por quienes se desempeñan en ámbito del Derecho, pero a veces, prefieren cobijar movimientos impulsivos, con la aspiración de capitalizarlos a favor de la causa que defienden, aunque resulte contraproducente para el sistema mismo.
Cuando esto analizamos no hacemos referencia a ningún caso en concreto, simplemente pretendemos reflexionar en voz alta para ubicarnos debidamente en el tema.
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