Hay aspectos que requieren una explicación urgente para saber dónde estamos parados. Por ejemplo, nos llega una información sobre el sueldo de los presidentes latinoamericanos.
Siempre hemos escuchado que uno de los aspectos más negativos del Uruguay y que pesa al momento de competir con nuestros productos en el exterior, es el “costo del Estado”.
Por eso entendemos que el tema a plantear necesita una urgente explicación, porque tal como se lo encuentra en Internet resulta escandaloso y muy difícil de admitir.
Resulta que uno de los países más chico y menos poblado de América Latina, con poco más de 3 millones de habitantes, es el que tiene mayor costo presidencial del sub continente. Esta información que circula por la denominada red de redes, con aval de la propia red y sin que hasta el momento sepamos que alguien la haya desmentido, resulta abrumadora.
Es que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, gana mensualmente en bruto algo así como 20.956,95 dólares (864.739 pesos uruguayos), de los cuales le quedan netos $ 449.633 (10.896 dólares al mes). Esto significa “casi” 132.000 dólares al año (saque la cuenta cuanto embolsará el presidente en siete años, cinco de mandato y dos de “gracia” para recomponer sus actividades particulares.
Pero lo que más nos sorprende del líder de un partido político que llegó al gobierno prometiendo “austeridad” y una gestión ahorrativa, es que según se afirma en la mencionada nota, gana más que Jair Bolsonaro y Alberto Fernández juntos y todavía le quedaría un remanente.
Debemos tener en cuenta que Bolsonaro preside un país con más de 212 millones de habitantes y es el más grande de Sud América. Fernández, presidente de Argentina, un país con casi 48 millones de habitantes, mientras que el Uruguay apenas si supera los 3 millones de habitantes.
¿Por qué es importante esta diferencia?, pues, porque se imagina cuanto produce y exporta uno y otros y por lo tanto cuánto obtiene de impuestos.
Más aún el presidente uruguayo gana más que el chileno Gabriel Boric (según la información mencionada 10.170 dólares al mes).
Y no resulta admisible aquello de que el sueldo lo vota el parlamente anterior, sin saber quien será el presidente y por lo tanto éste no puede renunciar a él. Se nos explicará entonces ¿“cómo” y “por que” hubo en el Uruguay presidentes que donaron hasta el 90 por ciento de lo que ganaban a instituciones de beneficencia?
Es fácil hablar de solidaridad, de austeridad y demás. Lo difícil es demostrarlo luego. Cuando el gobierno decide aumentar las asignaciones familiares y otros beneficios que reciben las familias menos agraciadas, frecuentemente escuchamos cuestionamientos, acusaciones de “asistencialismos”, de mantener “vagos”, de beneficiar a gente sin hábitos de trabajo…
¿No será hora de pensar si realmente estamos haciendo lo que dijimos?
Alberto Rodríguez Díaz.
