Por estos días la separación de poderes es uno de los temas más debatidos, todo a raíz de del “caso Astesiano” y sobre todo de la fiscal que ha tenido las primeras acciones de dicho caso.
Debido a la sustitución de esta fiscal y aunque oficialmente esta no integra el poder judicial, sino el Ministerio de Educación, integrante del Poder Ejecutivo, la decisión del Fiscal General de la Nación, máxima autoridad en la rama, se ha visto afectada,
Fuera cual fuera, la credibilidad del sistema está afectada, tanto es así que hay quienes entienden que ya no tiene sentido tener sólo una autoridad máxima en esta función y quieren instalar un triunvirato. Es decir poner a tres personas con iguales atribuciones y poderes en este cargo.
Las leyes de nuestro país establecen que para la designación de un Fiscal General de la Nación, se requiere determinada mayoría, que sólo se lograría si fuéramos una nación madura y debidamente formada al respecto.
Hace ya muchos años que ningún partido alcanza esta mayoría, al punto tal que el actual Fiscal General de la Nación es provisorio, vale decir ejerce el cargo mientras el Poder Legislativo no designe su sustituto titular.
Lo que entendemos es que lamentablemente cuando la política se inmiscuye en estos temas todo lo enloda. Tal como están las cosas, sea quien sea el designado y suponiendo que finalmente se alcanzara la mayoría requerida, su nombramiento estará contaminado, sospechado y afectado en su credibilidad personal.
Entendemos que si algo o alguien ha resultado afectado y dañado con esta situación es la credibilidad. La sospecha será muy difícil de desinstalar, máxime cuando se habla ya de dos “bandos”, los “pro” el Fiscal General anterior (Díaz) hoy devenido en abogado defensor y los que están en su contra.
Lograr que alguien reúna suficiente confianza para contar con el respaldo de esta mayoría, cuestión que pese a las diferencias que siempre existieron se logró antes, será muy difícil. En los hechos hace más de veinte años que no se logra.
La separación de poderes ha sido una de las características del sistema democrático uruguayo, que por esto nos ha valido el reconocimiento de otros regímenes, no lo perdamos ahora.
Debemos entender que alguien en ese cargo si bien no dicta justicia, es quien debe manejarse con absoluta ecuanimidad para defender los derechos de todos. Esta es la garantía que se debe lograr y no la afinidad política como parece haberse entendido hasta el momento.
A.R.D.
