Hoy uno de los temas que ocupa a la opinión pública es la decisión de la Junta Departamental de Colonia de quitar el permiso a los cuidacoches para trabajar. Es decir, a partir de ahora, Colonia ya no tendrá cuidacoches autorizados y quien ejerza esa función será sancionado.
Como ocurre con toda decisión de este tipo, hay voces a favor y voces en contra. Y no es un debate menor.
Quienes respaldan la medida sostienen que el espacio público debe estar regulado por normas claras y que el sistema de cuidacoches, aun cuando estuviera autorizado, generaba situaciones de informalidad difíciles de controlar. También argumentan que, en muchos casos, la actividad derivaba en cobros indebidos, presiones a conductores o conflictos en la vía pública.
Pero también están quienes advierten que detrás del chaleco fluorescente hay personas en situación de vulnerabilidad. Para muchos cuidacoches, esa tarea representaba una fuente de ingreso
Eliminar la habilitación no elimina la necesidad. La pregunta es qué alternativa concreta se ofrece a quienes quedarán sin esa posibilidad de sustento. ¿Habrá programas de inserción laboral? ¿Capacitación? ¿Acompañamiento social? ¿O simplemente se pasará de la tolerancia regulada a la sanción directa?
El riesgo es que el problema no desaparezca, sino que se traslade: más tensión en la calle, más informalidad, más confrontación.
El desafío está en no simplificar el debate. Ni todos los cuidacoches eran una amenaza, ni todos los sistemas de autorización funcionaban correctamente. Pero tampoco se puede ignorar que la exclusión social tiene consecuencias.
Como en toda decisión de alto impacto, el verdadero resultado no se verá en el anuncio, sino en lo que ocurra después. Si la medida logra mayor orden sin aumentar la conflictividad social, habrá sido eficaz. Si solo desplaza el problema y profundiza la tensión, el debate volverá con más fuerza.
Porque en el fondo, más que de cuidacoches, estamos hablando de convivencia, trabajo y responsabilidad del Estado frente a la realidad social.
