DLa puesta en práctica de un sistema de espionaje electrónico por parte del Ministerio del Interior, a través de las compañías que prestan servicios de telefonía móvil, es sin lugar a dudas un arma de doble filo.
El sistema de espionaje electrónico denominado “El Guardían”, según lo exigido mediante decreto del Ministerio del Interior, operará únicamente a pedido de un juez y según las compañias telefónicas: Claro, Antel y Movistar, serán manipulados por “personas de estricta confianza”.
En principio nadie podría tener mayores reparos en que exista este tipo de “espionaje electrónico”, porque seguramente ya existe en la actualidad, solamente que las empresas no pueden registrarlo ni mucho menos difundirlo sin cometer un delito, pero establecer legalmente esta posibilidad seguramente significa ampliar un terreno harto cuestionable.
Si se trata de la lucha contra el delito, entendemos que nadie puede oponerse, ahora bien, como toda arma, la cuestión radica en uso que se haga de la misma.
En este sentido, deberían de establecerse disposiciones claras y contundentes contra quienes hacen un mal uso de la información a la que tienen acceso. Existe un aspecto muy delicado en este sentido, cuando las compañías aseguran que sólo tendrán acceso a dicha información personas “de estricta confianza”, no quiere decir que estas personas sean confiables para todo el mundo y por lo tanto deben de estar sometidas a normas de control muy estrictas para impedir que la información “se filtre” a quienes no corresponde.
En contrapartida, debe tenerse en cuenta que el periodismo de nuestros días ha demostrado una y otra vez que precisamente por esta vía de confiabilidad en las normas de seguridad que gozan las comunicaciones hasta el momento, es como se ha logrado llegar a descubrir casos de corrupción o de mucho interés público y los informantes quedan resguardados por el secreto periodístico, celosamente custodiado por quien fue el depositario del secreto.
En adelante, si un juez aceptara que se “pinchen”, los teléfonos de los periodistas que se dedican a este tipo de investigaciones, ya no será posible resguardar este tipo de secreto.
Lamentablemente en nuestros días, en que “don dinero” todo lo corrompe y todo lo puede, prueba de ello es el poder ilimitado del narcotráfico en países vecinos, darle un arma de estas características a una persona, puede ser harto contraproducente. De allí que también debe tenerse en cuenta este aspecto, para que lo que puede haber sido concebido como un arma para luchar contra la delincuencia, no sea usada precisamente por ésta encontra de quienes pretenden combatirlos.
Ese es el desafío.
La puesta en práctica de un sistema de espionaje electrónico por parte del Ministerio del Interior, a través de las compañías que prestan servicios de telefonía móvil, es sin lugar a dudas un arma de doble filo.
El sistema de espionaje electrónico denominado “El Guardían”, según lo exigido mediante decreto del Ministerio del Interior, operará únicamente a pedido de un juez y según las compañias telefónicas: Claro, Antel y Movistar, serán manipulados por “personas de estricta confianza”.
En principio nadie podría tener mayores reparos en que exista este tipo de “espionaje electrónico”, porque seguramente ya existe en la actualidad, solamente que las empresas no pueden registrarlo ni mucho menos difundirlo sin cometer un delito, pero establecer legalmente esta posibilidad seguramente significa ampliar un terreno harto cuestionable.
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Si se trata de la lucha contra el delito, entendemos que nadie puede oponerse, ahora bien, como toda arma, la cuestión radica en uso que se haga de la misma.
En este sentido, deberían de establecerse disposiciones claras y contundentes contra quienes hacen un mal uso de la información a la que tienen acceso. Existe un aspecto muy delicado en este sentido, cuando las compañías aseguran que sólo tendrán acceso a dicha información personas “de estricta confianza”, no quiere decir que estas personas sean confiables para todo el mundo y por lo tanto deben de estar sometidas a normas de control muy estrictas para impedir que la información “se filtre” a quienes no corresponde.
En contrapartida, debe tenerse en cuenta que el periodismo de nuestros días ha demostrado una y otra vez que precisamente por esta vía de confiabilidad en las normas de seguridad que gozan las comunicaciones hasta el momento, es como se ha logrado llegar a descubrir casos de corrupción o de mucho interés público y los informantes quedan resguardados por el secreto periodístico, celosamente custodiado por quien fue el depositario del secreto.
En adelante, si un juez aceptara que se “pinchen”, los teléfonos de los periodistas que se dedican a este tipo de investigaciones, ya no será posible resguardar este tipo de secreto.
Lamentablemente en nuestros días, en que “don dinero” todo lo corrompe y todo lo puede, prueba de ello es el poder ilimitado del narcotráfico en países vecinos, darle un arma de estas características a una persona, puede ser harto contraproducente. De allí que también debe tenerse en cuenta este aspecto, para que lo que puede haber sido concebido como un arma para luchar contra la delincuencia, no sea usada precisamente por ésta encontra de quienes pretenden combatirlos.
Ese es el desafío.
