Permanencia en la función de 292 funcionarios de la Intendencia
El Gobierno de Salto reafirmó su postura sobre el convenio con Adeoms y el futuro de 292 funcionarios y sostiene que el procedimiento iniciado respecto a los 292 trabajadores es una obligación legal, no una decisión política. El contador Walter Texeira Núñez, secretario general de la comuna, explicó que se trata de un acto de cumplimiento de la ley frente a una «grave ilegalidad» cometida por la administración anterior.
En una entrevista para el programa Ver para Creer de Cable Visión Salto, Walter Texeira Núñez, secretario general de la comuna, brindó detalles sobre la postura del Gobierno departamental respecto al conflicto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS).
Texeira Núñez fue consultado sobre el futuro de 292 funcionarios que, en estos días, han recibido la notificación de cese de sus funciones. Su respuesta fue contundente y dejó en claro la posición de la administración.
Decisiones de la comuna: un largo proceso
El secretario general relató que el Gobierno departamental ha actuado con base en un proceso exhaustivo de análisis jurídico. Explicó que los asesores legales locales, los doctores Gabriel Rodríguez y Héctor Ferreira, junto a un grupo de abogados, estuvieron estudiando el caso. Estas decisiones se reforzaron con la opinión de catedráticos de derecho constitucional y administrativo de alto nivel a nivel nacional, «gente que crea jurisprudencia con sus opiniones legales», los cuales respaldaron el informe de los asesores locales.
Según Texeira Núñez, la Intendencia de Salto tiene una obligación legal de hacer cumplir la ley, por lo que la medida es una consecuencia inevitable de la ilegalidad del convenio. Aunque reconoció que «no es una medida que uno quiera tomar», y que se trata de un acto «muy doloroso» que afecta a 292 personas, con sus familias y circunstancias, el intendente «no tiene más remedio que… hacer cumplir la ley«.
Argumentos legales de la Intendencia
La comuna defendió su posición basándose en una jerarquía de normas legales. La Constitución de la República está por encima de las leyes nacionales, los decretos departamentales y las resoluciones del intendente, mientras que los convenios colectivos no pueden pasar por encima de la ley ni de la Constitución. En este caso, según el Gobierno departamental, el convenio con ADEOMS «terminó legislando en materia presupuestal, pasando por encima de órganos como la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas», que debieron intervenir.
Texeira Núñez también hizo referencia al artículo 229 de la Constitución, que establece que
no se pueden nombrar funcionarios en el último año de gobierno antes de las elecciones nacionales. Remarcó que, si bien el intendente puede hacer designaciones directas, estas caen con el período de gobierno y, en su opinión, la administración anterior, buscó «dejarle al Gobierno que viene una carga enorme de gente que metimos mucha gente por motivo político».
Además, mencionó que la Ley de Negociación Colectiva no obtuvo los dos tercios de votos necesarios en la Cámara de Diputados para su aprobación. Por lo tanto, también carecería de validez para los gobiernos, contradiciendo el argumento del gremio. El secretario general enfatizó que los convenios colectivos «son muy válidos», pero no pueden incluir temas presupuestales ni incidir en el presupuesto de los gobiernos departamentales.
Futuro de los funcionarios notificados
Al ser consultado sobre el proceso administrativo que se lleva a cabo, Texeira Núñez detalló que los 292 funcionarios ya fueron notificados, habiendo finalizado el proceso de notificación el pasado miércoles. A partir de ahora, tienen un período de vista de diez días hábiles para presentar sus descargos, como lo establece el derecho administrativo.
El secretario aclaró que, si bien este proceso es parte del procedimiento legal, «eso no va a modificar la resolución que… el intendente va a tener que tomar». Por tratarse de una medida que legalmente va a afectar a los 292 funcionarios, la decisión en principio, será la de cesar a todos. «No está bueno este crearle falsas expectativas a la gente», alegó y recordó que la medida es una recomendación legal.
La responsabilidad de la administración anterior
El jerarca municipal se refirió a la responsabilidad de la administración saliente, que «se quiso armar un esquema» en el cual se tomó de rehén a un montón de funcionarios a quienes se les hizo creer que podían quedarse permanentemente, a pesar de que su cargo debía culminar con el período de gobierno. Muchos de ellos, incluso, sacaron créditos en cooperativas o bancos y ahora se encuentran con este problema. El secretario de la Intendencia señaló que la responsabilidad es de quienes les «hicieron creer que podían pasar por arriba de un montón de normas y… dejarlos en forma permanente».
