La confirmación de irregularidades en la entrega de licencias de conducir en la Intendencia de Salto generó un acalorado debate en la última sesión de la Junta Departamental, marcada por insultos y cruces entre ediles.
Según informó El Observador, la sesión tomó un giro tenso cuando la edila del Frente Amplio, Patricia García, interrumpió a los gritos al edil Enzo Molina, de la oposición, durante la discusión sobre la posibilidad de crear una comisión investigadora.
Desde EL PORTAL digital de Diario EL PUEBLO hemos dialogado con algunos de los Ediles, los representantes de la Intendencia de Salto aseguraron haber presentado en Fiscalía un investigación administrativa con más de 800 fojas en el mes de setiembre de 2024 sin informar a la Junta Departamenta dónde se venía siguiendo el tema. Al intentar crear la pre investigadora para conocer mejor los detalles y establecer un curso de acción claro, el oficialismo no la votó y dió por suficientemente discutido el tema.
Una investigación dilatada y sumarios administrativos
La denuncia sobre las presuntas irregularidades fue presentada en setiembre de 2023, pero la investigación administrativa se extendió 17 meses antes de arrojar sus primeras conclusiones. Como resultado, dos funcionarios municipales enfrentan sumarios administrativos, mientras que dos exdirectores de tránsito, Henry Albarenque y Juan Ramón Guarino, cercanos al intendente Andrés Lima, renunciaron y están bajo investigación penal.
Los ediles nacionalistas Facundo Marziotte y Enzo Molina cuestionaron que la investigación interna no incluyera a Albarenque ni a Guarino, argumentando que ambos renunciaron antes de que terminara el proceso. Ante esto, la oposición propuso la creación de una comisión investigadora para esclarecer si la Intendencia demoró deliberadamente la indagación, pero la iniciativa no prosperó.
Cruces y acusaciones en la sesión
El debate subió de tono cuando Patricia García insultó a Enzo Molina, llamándolo “gordo de mierda” y amenazando con retirarse de la sala.
Más allá del episodio, Molina insistió en la falta de transparencia de la comuna y denunció que la Vicepresidenta de la Junta Departamental, tía de uno de los implicados en el caso, reconoció en una reunión con el secretario general de la Intendencia, Gustavo Chiriff, que existía “alguna cosita en lo administrativo”, a pesar de que la investigación era reservada.
“El gobierno departamental no actuó con celeridad. No solo no constató de inmediato la entrega irregular de libretas, sino que demoró mucho en investigar y recién ahora, 17 meses después, informa los resultados”, sostuvo Molina.
Falta de información y transparencia
El edil también reclamó que la Junta Departamental nunca fue notificada oficialmente sobre la conclusión de la investigación ni sobre las irregularidades detectadas.
“La presencia de los representantes de la Intendencia ante esta Junta solo se produjo por solicitud de los ediles oficialistas y con el respaldo de este curul, permitiendo finalmente que la ciudadanía conociera el resultado de la investigación”, afirmó Molina.
Mientras tanto, la investigación penal contra Albarenque y Guarino continúa en curso. Desde la oposición insisten en la necesidad de profundizar las averiguaciones y esclarecer el accionar de la Intendencia en este caso.
