Mientras avanza el tratamiento de la Modificación Presupuestal
Sesionó anoche la Junta Departamental de Salto donde alcanzaron 36 minutos para resolver los distintos planteos formulados por los Ediles y dar por terminada la sesión. En esta oportunidad, como venía sucediendo en la anterior Presidencia, la Edila Vicepresidente Milly Pintos condujo la Media Hora Previa para que una vez terminada la misma, asumiera la conducción de la sesión el Presidente Marcirio Pérez, quien informó que las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Reglamento fueron unificadas (integradas) como suele ocurrir cuando el Ejecutivo Departamental envía al legislativo una propuesta de Modificación Presupuestal, para que la misma pueda ser estudiada en profundidad por los Ediles de todas las bancadas de los partidos políticos.
MEDIA HORA PREVIA
En esta oportunidad, fueron solo seis Ediles quienes hicieron uso de la palabra, comenzando el Edil Enzo Molina (PN), quien refirió a inquietudes de vecinos de los barrios Saladero, Constitución, Belho Horizonte y de quienes usan la avenida Catalina Harriague, Pascual Harriague, Manuel Patulé y Luis Carcabelos. Continuaron las Edilas Mirtha Berguñán (PN), quien refirió al estado del Cementerio de Pueblo Belén y Marcela da Col (FA), quien recordó el acto de reconocimiento a maestras, maestros y funcionarios destituidos durante la dictadura civil y militar del pasado 1° de agosto que había sido declarado de Interés Departamental por la Junta y recordó también la inminente fecha del Día de los Mártires Estudiantiles del próximo 14 de agosto. Continuaron el Edil Gotardo Goncalvez (PN), quien planteó la preocupación del uso y ocupación indebida de espacios públicos en nuestra ciudad. La Edila Natalia Lucero (FA), refirió a la importancia e impacto del cambio climático, finalizando la Media Hora Previa la Edila Carmen Fusco (PC), quien presentó la inquietud de vecinos por el mal estado de la calle Morquio entre Rivera y avenida Harriague.
SOBRE DECRETO 6650/2013
Como último punto del orden del día, se aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución por el que se remitió “a la Comisión de Legislación y Reglamento de la Corporación, poniendo en su consideración y cometiendo a la misma, el estudio y análisis profundo del Decreto 6650/2013 a 10 años de su creación, para su oportuna modificación y/o derogación, debiéndose oír al Ejecutivo Departamental, UNASEV, sociedad civil así como a los facultativos de la Universidad de la República – Cátedras de Derecho Público y Administrativo”.
En el texto de la Resolución se recordó “que el 16 de noviembre del 2013 el Ejecutivo Departamental, a cargo del intendente Coutinho, envío a este cuerpo un proyecto de decreto seguido en el expediente 2012-57814, fundamentando que ‘La reiteración de accidentes de tránsito protagonizados por vehículos conducidos por menores de edad no habilitados para ello, o por una persona que no tenga habilitación para conducir, o la misma le haya sido suspendida; o conducidos por personas bajo los efectos de alcohol o de drogas o psicofármacos’, entendiendo en aquel entonces la administración que, la ‘sanción a tales conductores, debe ser ejemplarizante y por lo tanto su monto debe ser elevado, sin perjuicio de disponerse, como ya lo establece el Reglamento Nacional de Circulación Vial en sus arts. 27.21 y 27.24, la exhibición y retiro, contra recibo de la documentación de habilitación para conducir y la del vehículo, así como el retiro del propio vehículo en infracción hasta tanto se hagan efectivas las multas impuestas’”, proyecto que terminó siendo aprobado el 21 de febrero del 2013, resultando así el Decreto 6650/2013 “que habilita el retiro o incautación del vehículo”.
Se recordó entonces “que dicho decreto fue observado por el Tribunal de Cuentas de la Nación el 16 de enero del 2013, expresando que: ‘la retención del vehículo hasta el efectivo pago de la multa, por ser una restricción del derecho de propiedad, conforme a los Artículos 7 y 10 de la Constitución de la República, debe disponerse por Ley y no por decreto con fuerza de ley en su jurisdicción de un Gobierno Departamental’. Que además del derecho de propiedad consagrado constitucionalmente, se vulnera el derecho al debido proceso y presunción de inocencia”; y “que el Decreto 6650/2013, en 10 años no ha cumplido con la finalidad por la cual fue creado”.
Consultado por EL PUEBLO el Edil nacionalista Enzo Molina, quien presentó esta iniciativa, reconoció la predisposición unánime de todos los Ediles en poner a estudio la temática que refiere al Decreto 6650/2013 a través de la Comisión de Legislación y Reglamento, donde se analizará la conveniencia o no de la modificación o derogación del mismo.
