El caso del desvío millonario en el Fondo de Vivienda del SUNCA no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de una trama que venía gestándose hace años y que recién ahora, forzados por la evidencia, algunos dirigentes deciden reconocer. Los casi 900 mil dólares desviados entre 2024 y 2025 no cayeron de un día para otro. Se hicieron posibles gracias a una estructura interna permisiva, controles deliberadamente débiles y un manto de impunidad tejido por complicidades de larga data.
La gravedad del caso no radica solo en la cifra o en la cantidad de transferencias irregulares —193 en menos de un año— sino en la pasividad con la que se actuó durante tanto tiempo. ¿Cuánto se sabía puertas adentro? ¿Por qué recién en diciembre de 2024 se activa una auditoría cuando las maniobras venían de antes? ¿Por qué se permitió que una sola funcionaria concentrara tanto poder sin supervisión efectiva?
El SUNCA intenta mostrarse hoy como víctima del accionar de unos pocos. Pero la responsabilidad institucional es ineludible. El silencio cómplice de la cúpula, la falta de controles serios y la tolerancia con prácticas opacas permiten entender cómo este fondo —creado para dar vivienda digna a los obreros— terminó convertido en una caja chica para fines personales e incluso políticos.
Las recientes expulsiones, denuncias y detenciones llegan tarde y con tufillo a maniobra preventiva. No hay heroísmo en limpiar cuando la podredumbre ya está expuesta. Ahora es la Justicia la que debe actuar con independencia, sin presiones ni pactos silenciosos. Y el SUNCA deberá rendir cuentas, no solo ante los tribunales, sino también ante miles de trabajadores que confiaron en una herramienta que les prometía dignidad y terminó robándoles esperanza.
G.B.C.
