El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) es una herramienta legal y necesaria según desde donde se controle. Fue creado para dar orden, equidad y coordinación al cobro de la patente de rodados, un tributo de naturaleza departamental reconocido por la Constitución y gestionado por los gobiernos departamentales a través del Congreso de Intendentes. En ese sentido, el SUCIVE no es el problema: el problema es cómo se aplica y cómo se actualizan sus criterios.
Uno de los puntos más cuestionables es el mecanismo de valuación de los vehículos. Durante el último año, el cálculo se realizó tomando como referencia un dólar cercano a los 42 pesos. Hoy el dólar se ubica en torno a los 39, pero lejos de reflejarse una baja o corrección razonable, las patentes continúan aumentando en todos los casos. El principio de razonabilidad tributaria —básico en cualquier sistema impositivo— queda seriamente comprometido cuando la variable que justificó el aumento ya no existe, pero el tributo sigue creciendo y no existe atención personalizada sobre problemas de Sucive, estamos en reclamos y tratar de quedar con un expediente por si algún día nos dan solución.
Desde el punto de vista jurídico, ningún tributo debería perder su vínculo con la realidad económica que lo sustenta y más si se toman cálculos en dólares y luego se pasa a pesos sin controlar esa franja de cambio que es realmente de aumento para el ciudadano que debe pagar los impuestos. La legalidad formal no alcanza si se desatienden principios como la equidad, la proporcionalidad y la capacidad contributiva. Cuando un sistema se vuelve rígido, automático y siempre ascendente, el contribuyente deja de ser ciudadano y pasa a ser rehén y este es un caso.
A esto se suma un esquema de multas, recargos e intereses que termina siendo altamente recaudatorio, pero con escasa devolución visible en políticas públicas esenciales. No se percibe una inversión equivalente en educación vial, prevención de siniestros, señalización ni campañas sostenidas de seguridad en el tránsito. Se cobra más, pero no necesariamente se mejora.
El debate puede ser eliminar el SUCIVE o mejorar su marco legal. El debate es actualizarlo, revisarlo y hacerlo coherente con la realidad económica y social. Un sistema justo no es el que recauda sin límite, sino el que se corrige cuando corresponde y rinde cuentas a la ciudadanía.
Como enseñaba el Batllismo, el Estado debe intervenir para equilibrar, no para asfixiar. Gobernar no es persistir en el error, sino tener la grandeza institucional de corregirlo. Porque cuando la ley se aplica sin justicia, deja de ser garantía y se transforma en carga, ahora los Intendentes tendrán que ver está situación para escuchar a la ciudadanía. GECS. .
