Según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística, en Uruguay, hoy el 7% de los hogares, equivalente al 10,1% de las personas, están bajo la línea de pobreza y dos cada mil bajo la línea de indigencia. Esto significa que tenemos más de 350.000 compatriotas que son pobres o indigentes.
Para la estadística, un hogar pobre, para el interior urbano, es aquel en el que las personas que lo integran ganaban a diciembre de 2023 menos de $ 12.908 cada una.
Salto, Artigas, Rivera y Cerro Largo son los departamentos en peores condiciones. Situación similar tienen algunas zonas de Montevideo, pero con niveles de ingreso mayores que los requeridos para superar la pobreza que en el Interior.
Si bien aún no están publicados los datos por departamento, por las características socioeconómicas de la población de Salto, es estimable que durante el 2023 la pobreza afecte a más de 15.000 personas.
Sin dudas que en los números de Salto incide la situación de diferencia de precios con Argentina durante el 2023, pero también los altos números de desocupación e informalidad, a pesar de la política de grandes anuncios desplegada en los últimos años, que auguraban la concreción de enormes emprendimientos que generarían más de 10.000 puestos de trabajo.
Estos datos generales se agravan notoriamente en hogares con jefaturas de mujeres y/o afrodescendientes y además se destaca el contraste que existe según los diferentes grupos de edades. En niños, niñas y adolescentes, uno de cada 5 es pobre y en mayores de 65 años solamente el 2,2%.
Si cruzamos estos datos con los del censo 2023 concluimos que nacen menos niños y aumenta la pobreza infantil.
Paralelamente, también aumentó la desigualdad porque la riqueza se concentra en menos manos. Según un artículo de Búsqueda, si se compara datos de “antes de la pandemia y del cambio de gobierno, sí mostró un aumento estadísticamente relevante, lo mismo que la desigualdad estimada a través del índice de Gini”.
Esto demuestra que no todos los uruguayos tuvieron las mismas oportunidades y posibilidades de superar la crisis de la pandemia y que la pobreza no solo no retornó a los niveles previos, sino que se agravó notoriamente.
El estudio del INE es unidimensional, mide los ingresos monetarios en los hogares, no incluye otras variables como por ejemplo las condiciones de la vivienda, el acceso a la educación, la formalidad del trabajo, etc.
Es preocupante, porque las personas que son pobres durante mucho tiempo van acumulando privaciones. En el caso de la primera infancia, lo dicen todos los estudios médicos y científicos, se traduce en una notoria disminución de las posibilidades de desarrollo físico e intelectual y en las personas adultas en las posibilidades de accesos a bienes y servicios, a veces básicos como pueden ser una vivienda, alimentación adecuada o medicamentos.
Estos datos, que deberían alarmar a todo el espectro político, deberían usarse para establecer prioridades en el diseño e implementación de políticas públicas de un gobierno que quiera enfrentar este flagelo.
No se trata solo de seguir el principio artiguista “que los más infelices serán los más privilegiados”, sino de entender que para construir una sociedad democrática debe existir un mínimo de igualdad. Una sociedad desigual y con personas que no pueden, por diferentes razones, alcanzar condiciones de vida digna, además de injusta, será siempre una sociedad violenta.
Está claro que si la pobreza se mantiene es porque los ingresos no aumentaron lo suficiente, y la clave será lograr que los integrantes de los hogares más vulnerables obtengan empleos de calidad y paralelamente aumentar algunas prestaciones sociales, como los cuidados y el acceso a una vivienda decorosa, que sin dudas impactarían muy fuertemente sobre la pobreza infantil.
Para poder instrumentar esto, será necesario contar con recursos y establecer una política pro generación de recursos que permita mejorar la productividad, la competitividad y la inserción internacional.
En este último renglón a pesar de las promesas electorales no se avanzó nada en este período, y en cuanto a la competitividad, se ha retrocedido. El atraso cambiario, establecido por el propio Banco Central en un poco más del 15%, hace de nuestro país caro en términos internacionales y hace que nuestros productos sean caros en el mundo. La entrega del puerto en forma monopólica también atenta contra la competitividad.
Mejorar la productividad, implica modificar algunos aspectos de la matriz productiva, y en el caso de Salto trabajar a mediano y largo plazo para incorporar valor a nuestra producción, que permita mejores salarios y estabilidad laboral en el tiempo.
El economista y premio Nobel de economía Amayrta Sen planteaba al desarrollo como un “proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos” donde la libertad real “está representada por la capacidad de la persona de conseguir varias combinaciones alternativas de funcionamientos”, en definitiva, la libertad real de hacer y ser con su vida lo que la gente quiere. El nivel de desarrollo está directamente vinculado con el nivel de libertades con que goza la población de un determinado lugar.
Sin desarrollo no se puede salir de la pobreza; queda claro que el incremento del deterioro social y económico no condice con los grandes números de crecimiento, inflación, etc. que publicitan desde el Gobierno. Sin no hay distribución de la riqueza no es posible el desarrollo.
Este ciclo electoral nos trae la necesidad de optar por la continuidad de las cataratas de anuncios en el aire o de darnos la oportunidad al cambio con hechos sobre propuestas serias que permitan comenzar a revertir la situación. Estemos atentos y descartemos esas propuestas que enuncian soluciones mágicas sin decir de qué manera se llevarán a cabo.
