Presidente de ADEOMS critica decisión de derogar el Artículo 38
La intención del oficialismo de derogar el artículo 38 del Presupuesto Departamental cayó como un balde de agua fría en el seno del sindicato de municipales. Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS, advirtió que esta medida representa una vulneración grave a la Ley de Negociación Colectiva (18.508). Para el dirigente, no se trata solo de un tecnicismo legal, sino de un ataque directo a la base que sostiene los derechos de los trabajadores en todo el país.
Desde el gremio sostienen que este movimiento busca desmantelar la estructura jurídica que otorga valor de «fuente de derecho» a los acuerdos alcanzados entre el sindicato y la comuna. Sin el artículo 38, todo lo acordado en mesas de negociación quedaría sin un amparo específico a nivel departamental, dejando a los funcionarios en una situación de total desprotección. Según Gómez, esta decisión política pretende «reafirmar» las arbitrariedades cometidas en el pasado, como el cese de los 291 trabajadores.
Un vacío legal que amenaza los derechos adquiridos
La preocupación central radica en que la derogación borra el puente entre la ley nacional y la normativa local. El artículo 38 establece que lo acordado bajo la negociación colectiva es ley para el departamento de Salto. Al quitar esta pieza, el Gobierno departamental gana margen para desconocer convenios vigentes sobre categorías, salubridad y condiciones de trabajo.
Gómez fue enfático al señalar que ya existen ejemplos de este «desconocimiento» en la práctica diaria. Denunció que hoy existen trabajadores bajo la figura de monotributistas realizando tareas insalubres, algo expresamente prohibido por los convenios colectivos actuales. Para el sindicato, si hoy ya se incumplen las normas con el artículo vigente, su eliminación definitiva abriría la puerta a un escenario de precariedad absoluta.
El «aparato político» frente al estancamiento salarial
Uno de los puntos más críticos de la entrevista con el líder de ADEOMS fue el contraste entre la austeridad para los trabajadores y el gasto en cargos de confianza. Gómez afirmó que el nuevo presupuesto prevé un aumento de más del 100% en la cantidad de cargos políticos. Mientras tanto, para el funcionariado de carrera no se contempla un incremento salarial real para los próximos cinco años.
La señal que envía el gobierno de Carlos Albisu es, para el sindicato, de una «hipocresía» manifiesta. Mientras se suben los topes salariales para los cargos de particular confianza, se tilda a los municipales de «privilegiados«. El gremio interpreta que existe un plan estratégico para desviar recursos hacia la política, castigando los beneficios que los trabajadores han conquistado en periodos anteriores.
La desmentida sobre la falta de propuestas
Ante las versiones que circulan sobre una supuesta pasividad del gremio, Gómez fue tajante. ADEOMS presentó una plataforma reivindicativa de 34 puntos que fue entregada formalmente tanto al Ejecutivo como a los ediles. Entre las solicitudes se encuentran la mejora de viáticos, el ingreso por sorteo o concurso y la creación de un fondo de solidaridad.
Sin embargo, el dirigente explicó que los ediles oficialistas actúan como una «extensión» del intendente y se niegan a cualquier modificación que no venga aprobada de antemano por Albisu. Incluso se rechazó el pedido de informes a la Universidad de la República o al Senado para aclarar si la Ley de Negociación Colectiva es aplicable a las intendencias. Esta negativa es vista por el sindicato como una «clara connivencia» para recortar derechos.
Una señal política de alta tensión
Más allá de los párrafos y los incisos, lo que flota en el aire de Salto es una señal política de confrontación. Gómez considera que el gobierno departamental busca dar un mensaje de «no respeto» a la clase obrera organizada. La derogación del artículo 38 es el símbolo de una gestión que prefiere la designación directa y la discrecionalidad por encima de la carrera funcional y el concurso.
El sindicato se mantiene en alerta, entendiendo que lo que pase en Salto puede sentar un precedente peligroso para otros departamentos. «Es un retroceso sin precedentes para todos los trabajadores del país«, sentenció Gómez. La discusión ahora se traslada al plenario de la Junta.
