Allá por el año 1600 comenzaron los primeros experimentos comunistas en América del Norte. Grupos de emigrantes europeos —en su mayoría ingleses, con algunos irlandeses y escoceses— fundaron colonias en lo que hoy es Estados Unidos. Dos de las más emblemáticas fueron Jamestown (1607) y Plymouth (1620).
Ambas adoptaron un sistema económico comunal: no existía la propiedad privada, todo lo producido se repartía por igual y nadie era dueño del fruto de su trabajo. ¿El resultado? Desmotivación, caos, colapso agrícola, hambre extrema y una mortalidad tan alta que puso al borde de la extinción a sus integrantes.
El experimento socialista duró poco. La realidad obligó a corregir el rumbo. Los gobernadores entregaron parcelas privadas a cada familia y permitieron que cada uno cosechara para sí. Fue entonces, y solo entonces, cuando la producción aumentó y la miseria desapareció.
La lección era clara hace más de 400 años:
- El socialismo destruye.
- La libertad y la propiedad salvan.
Y sin embargo, en pleno siglo XXI, Uruguay insiste en repetir ese mismo error, como si la historia no hubiera enseñado nada.
Durante el velorio de José Mujica, el ciudadano común se enteró —como quien escucha una gesta heroica— que el Instituto Nacional de Colonización había comprado 4.000 hectáreas para entregarlas a 20 familias. El anuncio buscaba conmover, pero para quien observa con atención, solo deja preocupación: se pagaron 8.000 dólares por hectárea, lo que implica una erogación de 32 millones de dólares de dinero público.
Este hecho no es un error aislado. Es la consecuencia natural de una visión ideológica. El Gobierno ha comenzado una política deliberada de socialización de la tierra, concentrando recursos en manos del poder para redistribuirlos a conveniencia.
Y esto no debe sorprender a nadie. Está todo escrito.
Las Bases Programáticas 2025-2030 del Frente Amplio expresan claramente la intención de “fortalecer las políticas de adquisición de tierras” a través del INC, con el objetivo de facilitar el acceso a la producción familiar —especialmente para mujeres y jóvenes—, repoblar la campaña, promover el cooperativismo y diversificar los tipos de propiedad.
Este planteo no es nuevo. Es idéntico al contenido de la Declaración Final del XXIV Foro de São Paulo, donde se propone el control estatal de la tierra como respuesta a la «privatización predatoria». Y se repite en el punto 21 del Manifiesto Progresista del Grupo de Puebla, fundado —no por casualidad— por los actuales Presidente y Vicepresidente de la República, Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Allí se aboga por “una reforma rural integral que garantice el acceso a la tierra” y por “la promoción de la agricultura familiar para la producción sustentable de alimentos”.
Políticas socialistas que fracasaron hace más de 400 años, que nunca funcionaron en ningún lugar del mundo cuando fueron implementadas… y que no funcionarán tampoco en nuestro pais.
En fin, no crean que esto es casual. Las acciones del Instituto de Colonización son la aplicación fiel de estas orientaciones ideológicas. Se adquieren tierras con dinero público para redistribuirlas según afinidades políticas, implementando una forma de socialismo agrario encubierto.
Y como enseñaba Frédéric Bastiat, lo más importante no es lo que se ve —el acto, el grito demagógico del político a la tribuna, el aplauso de la plebe —, sino todo lo que no se ve.
Y en este caso, lo que no se ve es escandaloso.
1. Se pagó muy por encima del valor real.
El precio promedio nacional de la hectárea en 2024 fue de 3.967 dólares, según el Ministerio de Ganadería. Aquí se pagó 8.000 dólares con el dinero tuyo ¿Cómo se justifica tamaño gasto por encima del precio de mercado? ¿Que hay detrás de este negocio? ¿Qué se nos esta escondiendo?
2. Esos 32 millones salen de tu bolsillo; no son abstractos.
Salen del IVA que paga la empleada doméstica, del boleto del obrero, del combustible del repartidor. No son fondos que pertenecen al Estado o al Instiuto de Colonización, como engañosamente se ha dicho por ahí. Son recursos extraídos compulsivamente de quienes sí trabajan y producen.
3. El colono no solo recibe tierra: necesita capital para comenzar a producir.
Alambrar, comprar ganado, insumos, maquinaria, herramientas…
¿Quién paga? Vos. Otra vez. A través de préstamos públicos, subsidios, asistencias.
El costo de 32 millones hay que multiplicarlo varias veces más. Y todo a costa de tus propias necesidades. Tu no puedes pagar un medicamento para tu hijo o su educación, porque parte de ese dinero que te falta, es entregado a una familia que ni conoces ni se lo merece para que supuestamente produzca una parcela de tierra. Pero tu no tienes esa suerte.
4. Se castiga al que trabaja.
El productor que con mucho esfuerzo y años de ahorro para comprar su chacra, que se levanta todos los días a las 4 am para producirlo, que paga impuestos, mano de obra, que produce en serio, compite contra beneficiarios del Estado que reciben tierras y créditos subsidiados, sin ningún esfuerzo, sin ningún merito. Una competencia absolutamente injusta y desleal, sin dudas. Un castigo al eficiente, al trabajador, al que ahorra. Un mensaje pésimo.
5. No hay meritocracia. Hay clientelismo.
La tierra no se entrega por concurso, ni por trayectoria productiva. Se reparte a dedo, entre amigos del poder, en base a criterios politicos. El INC se ha convertido en una fábrica de votos cautivos.
6. El beneficiario de la tierra no es libre.
El Colono debe regirse por las reglas del Estado. No puede vender, hipotecar ni disponer plenamente de la tierra. Depende del Estado. Y donde no hay propiedad, no hay libertad. El Colono se convierte en siervo del Estado.
7. Se destruye la cultura del esfuerzo.
El mensaje ya no es: “trabajá y progresá”. Ahora es: “esperá que te lo den”.
Así se forja un pueblo sometido, no uno libre. ¿Que incentivo va a tener el que trabaja y produce, cuando el Estado entrega propiedades gratis?
8. Es dinero que faltó donde más se necesita.
El Estado no tiene recursos propios, todo lo que tiene es porque lo extrajo previamente a los que generan riqueza en el sector privado y como los recursos son escasos y limitados el reparto Estatal se asimila a una torta donde el que se lleva el mayor pedazo, disminuye el del otro. Por ende, lo que reparte allá, falta acá. Es decir, mientras se reparte tierras a 20 familias por decenas de millones de dolares, ese dinero es el que luego falta en otro lado, en camas en hospitales, ambulancias, becas para estudio, insumos en escuelas, chalecos en la policía, mejoras en las jubilaciones.
El despilfarro del Gobierno con nuestros recursos no es neutro. Tiene consecuencias devastadoras.
9. Es ideológico, no técnico.
Todo esto responde a un plan político: estatizar, controlar, intervenir.
Hoy es la tierra. Mañana será el agua, la energía, los medios. La experiencia en otros países así lo indica y ellos se guían por esos mismos principios y postulados. No hay que olvidarse de esa cuestión medular.
10. Es casi irreversible.
Cuando la tierra productiva sale del mercado y entra en el aparato improductivo del Estado, ya no vuelve. El país deja de ser una república de ciudadanos y se transforma en una finca del partido.
Como si todo esto fuera poco, todo indica la existencia de informes técnicos que desaconsejaban esta compra. Fuentes sugieren que los técnicos advirtieron que no era una buena operación. Pero igual avanzaron. A sabiendas.
¿Por qué? De ser cierto la existencia de dichos informes, todo se torna muy oscuro.
Pagar el doble ya era grave. Hacerlo ignorando a los propios técnicos es una vergüenza. No seria solo despilfarro sino desprecio por la verdad, la técnica y los recursos del pueblo, con intereses espurios detrás.
Y aún falta lo más escandaloso: el privilegio.
4.000 hectáreas divididas entre 20 familias = 200 hectáreas por familia.
Pagadas a 8.000 dólares por hectárea = 1.600.000 dólares por familia.
¡Más de un millón y medio de dólares en tierra entregada gratis a cada una!
Mientras miles de uruguayos luchan por comprar un pequeño terreno, trabajan años para pagar una hipoteca, y sufren impuestos agobiantes…
20 familias reciben millones, sin esfuerzo, financiadas por todos.
¿Eso es justicia social?
¿O es privilegio político disfrazado de sensibilidad?
Nos quieren vender igualdad y lo único que existe acá es desigualdad ante la ley.
Pero lo que nos están entregando es la misma trampa colectivista de hace 400 años.
Un socialismo agrario que empieza repartiendo campos…y termina hipotecando el futuro de todo un país.
Porque el campo no se hereda. Se trabaja. Y se respeta.
Y cuando el Estado paga el doble, reparte entre amigos, ignora a los técnicos y castiga al que produce, no está sembrando justicia. Está sembrando servidumbre.
