Por el Dr. Daniel Volpi Avedutto.
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en Francia en 1789, sustenta un concepto valorativo de Constitución, al establecer, en su Art. 16 que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución. En opinión de los teóricos de la Revolución Francesa, pues, para que exista Constitución, no basta con la existencia de un estatuto jurídico que establezca la organización del Estado y sus relaciones con sus habitantes, aún cuando sea aprobado de la manera más solemne posible; es necesario, además, que consagre un determinado tipo de organización de Gobierno (con Separación de Poderes), así como la garantía de los derechos.
En la escuela primaria nos enseñan que la Constitución es nuestra norma jurídica más importante. Recuerdo a mi maestra de 6º año cuando en el pizarrón ilustró la famosa pirámide de Kelsen donde en el vértice de la misma se encontraba la Constitución.
En enseñanza secundaria aprendí los Derechos, Deberes y Garantías y el principio de separación de poderes, todo consagrado en nuestra Carta Magna.
En la Universidad aprendí que nuestra Constitución es rígida, que para reformarla amerita un Plebiscito con un enorme gasto para el país; y que la Constitución uruguaya es de las más voluminosas del mundo con sus 332 artículos más una gran cantidad de disposiciones transitorias que van de la letra A hasta la Z prima inclusive.
Todos los ciudadanos sabemos el costo que insume un Plebiscito. En muchas ocasiones la Corte Electoral ha aprovechado alguna instancia de elecciones nacionales a los efectos de realizar conjuntamente un Plebiscito.
En los últimos días gobernantes han dado a conocer a la prensa que promoverán una reforma constitucional. Los fundamentos que esgrimen no convencen a la gente de la colectividad de los Defensores de las Leyes.
Esos gobernantes que llegaron a decir que lo político estaba por encima de lo jurídico, hoy plantean una propuesta inverosímil y demuestran que utilizan la Constitución y las leyes cuando les conviene.
Sin dudas plantean reformas de riesgos. Entre ellas una que modifique la Estructura del Poder Judicial para quitarle, entre otras, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes mal hechas. De esa forma el principio de Separación de Poderes se ve vulnerado de forma grosera.
Otra propuesta, como la habilitación del voto de los uruguayos en el exterior, propuesta que no la comparto porque quienes están allá no viven los problemas de este país y pagan sus tributos en el lugar donde se encuentran.
Otra que la mencionan poco, pero que para el Frente Amplio es fundamental, como lo es la eliminación del balotaje; de esa forma el partido del Gobierno puede conservar el poder si en las próximas elecciones se convierte en la minoría mayor.
Eso a vía de ejemplo. A la larga vendrán otras propuestas de reforma con nuevos derechos que luego de instaurada la reforma verán si de veras pueden cumplirse.
Lo curioso es que no todo el Frente Amplio adhiere a esta idea reformista. Hay quienes discrepan con propiciar la reforma, caso de Asamblea Uruguay. Y están los reformistas que le temen a una Constituyente y prefieren presentar, con las firmas del 10 % del electorado, un proyecto para plebiscitarlo en las elecciones de 2019.
Creo que esta gente que nos gobierna hoy está buscando con este Plebiscito distraer la atención de los ciudadanos para que no vean las carencias que tiene el país en nuestros días. Los blancos consideramos que hay que trabajar mucho para sacar el país adelante en vez de discutir los artículos de nuestra Carta Magna y buscar reformar una norma que tiene la debida tensión con la realidad y por lo tanto no amerita reformas. Se debe reformar otras cosas que no andan bien en nuestro país y que no se soluciona cambiando unos artículos de esta Carta.
