El edil Jonnathan Aramburo, de la Lista 50 del sector CORE, solicitó que sus palabras fueran elevadas a la Comisión de Salud del Parlamento, al MSP y a la prensa departamental, reiterando la urgencia de que el Estado asuma con firmeza su responsabilidad en salud mental.
Dirigiéndose al presidente del cuerpo, Dr. Enzo Molina, el edil Jonnathan Aramburo abordó en sala un tema que —según señaló— ya ha sido discutido en otras oportunidades: el flagelo que representa la situación de la salud mental en el país.
El edil destacó el rol fundamental que han cumplido muchas organizaciones de la sociedad civil, surgidas con fuerza durante y después de la pandemia por Covid-19. Estas entidades, en muchos casos sostenidas con recursos propios o donaciones, desarrollan una tarea noble al brindar respuestas primarias ante una problemática creciente.
Aramburo recordó que en ese mismo recinto presentó en su momento iniciativas como “La promoción de ambientes saludables: La Salud Mental desde una perspectiva de Derechos”, desarrollada por la Dra. Laura Sasías, abogada y docente de la Facultad de Derecho del CENUR Litoral Norte. Esta actividad, que comenzó como curso, aspiraba a generar espacios institucionales de reflexión y acción sobre la salud mental, y fue declarada de interés departamental por impulso del propio edil.
Afirmó que podría mencionar múltiples colectivos que trabajan activamente en el tema, pero advirtió que es preocupante que el Estado, como garante de los derechos humanos —incluidos el derecho a la salud y a la vida—, se vea desbordado y dependa de iniciativas comunitarias para cubrir siquiera la atención primaria.
En un tono personal y sincero, expresó:
“No vengo a criticar por criticar. Así como muchas personas, necesito cuidar mi salud mental. Me he sentido triste o desesperanzado y, afortunadamente, cuento con recursos para acceder a atención. Pero la gran mayoría debe estar a merced de un Estado que no tiene los medios o donde la demora para recibir atención es eterna.”
Aramburo subrayó que Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de la región, con un 75% de casos en hombres y un 25% en mujeres, afectando principalmente a personas jóvenes y adultos mayores. En ese sentido, reiteró la urgencia de asignar recursos a políticas efectivas.
Reconoció la existencia de leyes y programas, como la Ley de Salud Mental N° 19.529 y el programa nacional en curso, pero insistió en que es necesario ir más allá: “La responsabilidad del Estado es dar una solución urgente que supere las campañas de concientización, que muchas veces implican un gasto alto sin resultados visibles”, remarcó.
También señaló que el tema fue abordado con prioridad por varios partidos en la última campaña electoral, por lo que ahora corresponde transformar esa preocupación en acciones concretas.
Finalmente, aclaró que no pretende desmerecer los esfuerzos de los gobiernos, pero consideró imprescindible que se trate este asunto con la importancia que merece, asegurando una atención de calidad para toda la ciudadanía.
El edil solicitó que sus palabras fueran enviadas a la Comisión de Salud del Parlamento Nacional, al Ministerio de Salud Pública y a todos los medios de prensa del departamento.
