Cuando el bolsillo del contribuyente se vacía pero los problemas siguen intactos
Si algo está dejando en claro el gobierno del Frente Amplio es que recaudar más no implica resolver más. En menos de un año de gestión, se acumularon medidas fiscales que impactan directo en el bolsillo: ajustes en IRPF e IASS, sobreprecios en combustibles, tarifas públicas al alza y recortes en devoluciones de Fonasa. Todo bajo el paraguas de la “responsabilidad fiscal”. Sin embargo, los problemas estructurales —pobreza infantil, inseguridad, ineficiencia estatal— permanecen intactos.
IRPF e IASS: el ajuste que “no es ajuste”
El aumento de la Base de Prestaciones y Contribuciones modificó las franjas del impuesto a la renta, haciendo que más personas paguen más. Desde la oposición se lo calificó como un “mazazo” y un nuevo ajuste fiscal; desde el oficialismo se insiste en que se trata de una “indexación técnica”. Más allá de la semántica, el resultado es claro: menos dinero disponible para trabajadores y jubilados. Como resumió la diputada Valeria Ripoll, las decisiones del gobierno parecen responder a un único objetivo: recaudar más.
Combustibles: pagar más en nombre de la estabilidad
El capítulo de los combustibles es ilustrativo. Entre marzo y diciembre de 2025, los uruguayos pagaron cerca de 88 millones de dólares por encima del Precio de Paridad de Importación. El cambio de metodología, con un “factor de estabilización” por litro, fue presentado como un avance en transparencia. En la práctica, implicó un sobrecosto que benefició al resultado fiscal y sobrecargó a los consumidores.
A esto se sumaron los recortes sucesivos en la rebaja del IMESI en zonas de frontera, particularmente en Salto y el litoral con Argentina. La justificación fue “equiparar precios” con un país vecino más caro, pero el efecto real es mayor presión fiscal y más incentivos para cargar combustible del otro lado. Incluso la Junta Departamental de Salto expresó su preocupación por decisiones tomadas en lapsos muy cortos y con fuerte impacto local.
Más recaudación, mismos problemas
Mientras el Estado perfecciona su maquinaria recaudatoria, los indicadores sociales siguen siendo alarmantes. La pobreza infantil alcanza al 32,2% de los menores de seis años: uno de cada tres niños es pobre. La inseguridad continúa siendo una preocupación cotidiana y los anuncios oficiales no se traducen en mejoras visibles. En contraste, el aparato estatal sigue creciendo, con más estructuras, cargos y gasto público que recaen sobre el contribuyente.
El péndulo político y la memoria selectiva
El debate fiscal uruguayo tiene un componente casi teatral. Cuando el Frente Amplio era oposición, calificó los aumentos de tarifas de 2020 como un “fiscalazo” y denunció subas de impuestos negadas en campaña. Hoy, desde el gobierno, aplica medidas similares bajo nuevas justificaciones. Las promesas de devolver beneficios como el IVA a las tarjetas siguen pendientes.
Del otro lado, dirigentes nacionalistas utilizan ahora el mismo tono indignado que antes criticaban. El lenguaje cambia según el lugar que se ocupe, pero el resultado es constante: el ciudadano paga igual, sin importar el color político del relato que acompaña el aumento.
El Estado que crece y el ciudadano que se achica
La paradoja es evidente. Uruguay recauda cada vez más, pero resuelve cada vez menos. El costo de vida es de los más altos de la región, la canasta básica sigue subiendo y el poder adquisitivo se erosiona. Más impuestos, más tarifas y menos devoluciones no se traducen en mejores servicios, menos pobreza o mayor seguridad.
El problema no es recaudar; todo Estado necesita recursos. El problema es hacerlo sin eficiencia ni resultados. Cada vez que el trabajador mejora un poco su situación, aparece un nuevo impuesto, una nueva tasa o un “ajuste técnico” que vuelve a meter la mano en el bolsillo. Recaudar se volvió revolucionario; resolver, opcional.
