Lo de Salto Grande ha pasado a segundo o tercer plano, por la sencilla razón que hay otras urgencias u otros temas más “interesantes” para analizar por parte de los medios de comunicación.
Sin embargo, quizás por un tema de “localia” o de regionalización para nosotros sigue siendo muy grave. El hecho de que todo un cuerpo legislativo, por unanimidad haya pedido la renuncia de los ediles designados como funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y éstos no hayan acatado el pedido, nos da idea de la gravedad de la situación.
Para entendernos los ediles se desempeñan como “honorarios”, vale decir que no deben tener otra remuneración que “el honor de trabajar para la ciudadanía”. A lo largo del tiempo se ha buscado la forma de remunerarlos subrepticiamente, ya sea con exoneraciones (vales de nafta, pago de la contribución, telefonía móvil, P.C., devolución de gastos, etc. etc.
Pero nunca se había llegado a esto. Los ediles designados como funcionarios de la CTM con sueldos que exceden largamente lo habitual, es una exageración. No se puede entender por qué además en su gran mayoría son ediles del sector gobernante (a nivel nacional) del Partido Nacional.
Esto es al menos algo totalmente inmoral, puede ser legal, en cuando no rige allí las leyes nacionales de ningún país. Es además totalmente inmoral el hecho de que no se los pueda destituir, salvo por algunos aspectos graves.
Que el tema haya sido analizado por sus defensores y hayan intentado “renunciar a su bancas”, prefiriendo conservar los puestos en la CTM es una opción inadmisible. Es buscar la forma de engañar o desconocer la voluntad del legislador cuando determinó que los cargos de los ediles debían ser “honorarios”.
Este es uno del los vicios de nuestros sistema democrático. Usar un cargo para beneficio propio y luego para aportar vaya a saber a qué causa, es para nosotros un hecho de tal gravedad que no debiera aceptarse.
Pretender ahora, “asfixiar” económicamente a los medios que libremente dan a conocer lo que ellos pretenden que no se revele, quitándoles la publicidad, es inadmisible.
Pero es este uno de los riesgos que tiene el sistema. No debiera existir esta posibilidad, pero existe. No tememos que la denuncia de estos hechos ponga en riesgo el sistema institucional. Lo que afirmamos es que la honestidad no se negocia y si hay algo que atenta contra las instituciones es la inmoralidad y no solo la de quienes asumen un cargo indebido.
A.R.D.
