En Uruguay, el ingreso a la función pública en las intendencias ha sido objeto de debate y propuestas legislativas para garantizar procesos más transparentes y equitativos.
El debate gira en torno a un proyecto de ley que busca establecer el ingreso y ascenso en las intendencias exclusivamente por concursos públicos, con criterios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades. La iniciativa pretende combatir el clientelismo político y profesionalizar la administración pública departamental.
Las posiciones políticas están divididas. A favor: Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto apoyan el proyecto, destacando que promueve la equidad y la transparencia en el acceso al empleo público. En contra: El Partido Nacional se opone, argumentando que la ley vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales consagrada en la Constitución, y que cada intendencia ya regula su ingreso mediante estatutos propios.
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Sin embargo, para su sanción definitiva, requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento, según lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución.
La discusión sobre este proyecto refleja las tensiones entre la búsqueda de mayor transparencia en la función pública y la defensa de la autonomía departamental.
PROYECTO DE LEY
En abril de 2025, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar concursos públicos para el ingreso y ascenso de funcionarios en los gobiernos departamentales. Este proyecto fue respaldado por legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto. El objetivo principal es erradicar prácticas clientelistas y promover la transparencia en la contratación de personal.
El proyecto establece que los ingresos y ascensos deben realizarse mediante concursos públicos, respetando los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y mérito. Además, se prohíbe la designación de nuevos funcionarios en los 12 meses previos al fin del período de gobierno, para evitar contrataciones con fines electorales.
ARGUMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES EN DEBATE
A favor del proyecto (pro-concurso obligatorio)
Principio de igualdad y mérito:
Los impulsores del proyecto argumentan que el ingreso por concurso garantiza el cumplimiento del artículo 58 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos deben ingresar “por méritos y capacidad”, asegurando transparencia e igualdad de oportunidades.
Control democrático y anticorrupción:
Se sostiene que al establecer procedimientos uniformes y públicos de ingreso, se reducen prácticas clientelistas y se mejora la calidad del servicio público.
Normas nacionales con alcance general:
Los defensores señalan que el Parlamento tiene facultades para dictar leyes que regulen principios generales para toda la función pública, incluidos los gobiernos departamentales, sin vulnerar la autonomía si se respeta la ejecución local.
En contra del proyecto (defensa de la autonomía departamental)
Autonomía constitucional de los gobiernos departamentales:
El artículo 273 de la Constitución otorga a las juntas departamentales la potestad de aprobar estatutos de funcionarios y decidir sobre el ingreso y carrera funcional. El Partido Nacional y otros críticos sostienen que una ley nacional que imponga concursos obligatorios invade esa autonomía.
Riesgo de inconstitucionalidad:
Al imponer normas sobre contratación que limitan la discrecionalidad de cada intendencia, podría violarse el principio de descentralización y la distribución de competencias previstas en la Constitución.
Existencia de normativas departamentales:
Algunas intendencias ya tienen estatutos que prevén concursos o mecanismos de ingreso, por lo que una ley nacional sería vista como innecesaria o redundante.
Por lo tanto, el corazón del debate legal está en equilibrar el principio constitucional de ingreso por mérito (art. 58) con la autonomía departamental consagrada en el art. 273. Resolver esta tensión es clave para avanzar con el proyecto sin caer en conflictos de constitucionalidad.
REQUISITOS GENERALES PARA EL INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
La Ley N.º 19.121 regula el Estatuto del Funcionario Público y establece los requisitos generales para ingresar a la función pública, aplicables también a las intendencias:
- Ser ciudadano natural o legal en las condiciones establecidas en la Constitución.
- Tener cédula de identidad vigente.
- Acreditar el voto en el último acto electoral obligatorio, si corresponde.
- Poseer carné de salud básico, único y obligatorio.
- No haber sido destituido de otro vínculo con el Estado.
- No estar inhabilitado como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada.
Estatutos Departamentales
Algunas intendencias, como la de Florida, han establecido sus propios estatutos que regulan el ingreso y la carrera funcional. Por ejemplo, el Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental de Florida establece que el ingreso de personal se realizará mediante llamado público, a través de concurso o sorteo, según las necesidades del servicios.
Estado Actual del Proyecto
Aunque el proyecto de ley fue aprobado en comisión, para su sanción definitiva requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento, según lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución. En el pasado, iniciativas similares no prosperaron debido a la falta de consenso político, especialmente por la oposición del Partido Nacional, que argumenta que tales leyes podrían vulnerar la autonomía de los gobiernos departamentales.
ESPECTRO POLÍTICO
A favor del proyecto
Frente Amplio (FA): Apoya firmemente la iniciativa, destacando que promueve la transparencia, la igualdad de oportunidades y combate el clientelismo. El diputado Joaquín Garlo subrayó que el proyecto busca garantizar procesos justos y equitativos en la contratación de personal en los gobiernos departamentales.
Partido Colorado (PC): Respaldó el proyecto desde sus inicios. La diputada Paula De Armas y el senador Pedro Bordaberry celebraron su aprobación en comisión, considerándolo un paso importante hacia una administración más justa y profesional.
Cabildo Abierto (CA): También apoyó la propuesta, alineándose con los principios de transparencia y meritocracia en el ingreso a la función pública departamental.
En contra del proyecto
Partido Nacional (PN): Se opuso al proyecto, argumentando que vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales. El senador Sergio Botana calificó la iniciativa como una intromisión del Estado central en asuntos que competen exclusivamente a las intendencias, señalando que todos los gobiernos departamentales ya cuentan con estatutos que regulan el ingreso de personal.
Partido Nacional no respaldará el proyecto de ley por inconstitucional y lo impugnará
Rodrigo Goñi – Alejo Umpiérrez – Diputados Partido Nacional
El Partido Nacional no acompañará el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. En el texto también se hace referencia a la posibilidad de ingreso por sorteo tras “fundamentación expresa” del respectivo jerarca. Asimismo, el segundo artículo establece que no podrán hacerse
contrataciones en los 12 meses previos al final de la administración.
Los diputados nacionalistas, Rodrigo Goñi y Alejo Umpiérrez, manifestaron su malestar sosteniendo que el mismo es “inconstitucional” y que debería ser tratada “en conjunto”.
Rodrigo Goñi – Diputado Partido Nacional
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que “lo más lógico” es que se le dé participación en el proceso de construcción de una ley de este tipo al Congreso de Intendentes. “Si vamos a aprobar una norma para las intendencias, lo más lógico es que se trabaje en conjunto con los intendentes”, enfatizó el representante.
Goñi tampoco valoró como “adecuado” que se busque aprobar una iniciativa de este tipo antes del 11 de mayo. “Casi que no hay sesiones porque están las elecciones”, recordó.
“Si vos me decís entre las elecciones y julio –que es cuando asumen los intendentes–, me parece que es un tiempo en que deberíamos comprometernos a aprobar una norma en ese sentido”, reconoció. “Vengo observando de lejos el tema ahora, porque evidentemente mi opinión no les importa; cuando llegue el momento de la discusión en sala, daré mi opinión”, puntualizó el diputado, en concordancia con lo manifestado, a su vez, por su colega el nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien fue uno de los principales impulsores de la última iniciativa sobre este tema en la que se trabajó en la pasada legislatura.
“Sobre todo para los legisladores con alguna experiencia parlamentaria, que saben o conocen ciertos códigos, cuando hay un legislador que presentó, firmó y trabajó en un proyecto de determinada materia, lo mínimo que se estila es invitarlo a ser parte”, agregó el representante herrerista.
Alejo Umpiérrez – Diputado Partido Nacional
Uno de los integrantes nacionalistas de la Comisión de Constitución y Códigos, Alejo Umpiérrez, planteó que el proyecto se trata de “un capítulo más de la vieja lucha del centralismo y la descentralización”, y afirmó que el proyecto “es inconstitucional”. “Lo impugnaremos por inconstitucional”, remarcó, en caso de que se convierta en ley.
El exintendente de Rocha puntualizó que la Ley 16.127, aprobada en 1990, sobre ascensos e incentivos para funcionarios públicos era “muy semejante y fue declarada inconstitucional por acciones iniciadas por la Intendencia de Montevideo bajo el mandato de Tabaré Vázquez, la de Paysandú con Jorge Larrañaga y la de Río Negro con Mario Carminatti”. “Lesiona las autonomías municipales”, dijo Umpierrez sobre la nueva iniciativa. “Si regulamos por ley nacional el ingreso, ¿por qué no regular los sumarios, las sanciones, el valor de la hora extra o de los viáticos?”, preguntó el candidato a la Intendencia de Rocha.
Como un ejemplo de problema que podría traer la iniciativa de ingreso por concurso votada en comisión, el representante planteó el caso de la dificultad que significaría un “llamado para un operario en un lugar donde no hay nadie especializado para esa tarea o hay uno solo”. “Los cargos de confianza son necesarios para dirigir con funcionarios que respondan a una línea de gobierno, y los necesitás para gestionar las áreas aunque se vayan contigo al final de un período”, concluyó Umpierrez sobre el tema.
