Intendencia de Salto detalla su política de vivienda, programas en marcha y responde a críticas de la oposición en el marco del presupuesto.
La directora de Vivienda de la Intendencia de Salto, María Eugenia Almirón, respondió a los cuestionamientos surgidos desde la oposición, detallando la planificación y las líneas de acción previstas en materia habitacional, en el marco del presupuesto departamental actualmente a estudio del Tribunal de Cuentas.
Almirón explicó que la política de vivienda del gobierno departamental se estructura en tres grandes áreas: vivienda, asentamientos y cartera de tierras. “Eso marca claramente hacia dónde apunta la política pública, no solo en construcción de viviendas, sino también en el diagnóstico y conservación de la cartera municipal”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la responsabilidad principal en materia de construcción de viviendas corresponde al gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, siendo la Intendencia un actor clave en la ejecución territorial mediante convenios. “Quiero dejar claro que la política de vivienda es del Ministerio. La Intendencia aporta, en la mayoría de los casos, la tierra y articula para que los programas se ejecuten”, afirmó.
🏗️ Programas y convenios en marcha
Entre los principales instrumentos previstos, Almirón enumeró programas como lotes con servicios, canasta de materiales, el Plan Avanzar y el Plan Juntos, que ya se encuentran trabajando en distintos puntos del departamento.
Actualmente, el Plan Avanzar interviene en los asentamientos La Esperanza y La Amarilla, mientras que el Plan Juntos lo hace en la zona de Puente Blanco. A esto se suman nuevas iniciativas que la Intendencia busca implementar en coordinación con el Ministerio.
“Hay dos planes importantes que queremos aplicar: uno similar a la canasta de materiales, pero con otro perfil de beneficiarios, y otro de lotes de origen público con crédito del Ministerio, que no fue impulsado en la administración anterior y que nosotros queremos desarrollar”, indicó.
Asimismo, adelantó que Salto espera firmar próximamente un convenio marco con el Ministerio de Vivienda, en línea con acuerdos ya impulsados a través del Congreso de Intendentes. “Tenemos expectativas de concretarlo en abril, aunque depende también de las agendas nacionales”, precisó.
🏘️ Intervención en asentamientos
Uno de los ejes centrales de la política habitacional es el abordaje de asentamientos, donde se combinan estrategias de relocalización y regularización.
Almirón explicó que el objetivo del quinquenio es intervenir en seis asentamientos, incluyendo tres nuevos que se incorporarán mediante financiamiento del fideicomiso departamental. En algunos casos, se prevé la expropiación de terrenos para avanzar en soluciones definitivas.
“En asentamientos trabajamos con realojo y regularización. Por ejemplo, en La Amarilla hay relocalización confirmada de 77 familias, y luego se avanza en la regularización de las viviendas que permanecen”, detalló.
La jerarca subrayó que estos procesos implican un fuerte trabajo social. “No es solo entregar una vivienda. Hay un acompañamiento técnico que incluye convivencia, integración comunitaria y articulación con escuelas, CAIF y liceos”, sostuvo.
🌐 Cartera de tierras y ordenamiento
Otro de los pilares es la creación de una cartera de tierras, considerada una herramienta clave para el ordenamiento territorial. Según explicó, se está trabajando en identificar y diagnosticar los padrones municipales disponibles, con el objetivo de dotarlos de infraestructura y servicios para su posterior incorporación a políticas de vivienda.
“Tenemos que saber dónde está la tierra de los salteños y transformarla en suelo apto, con servicios como saneamiento, agua potable y apertura de calles”, indicó. Este proceso se desarrollará en coordinación con otras áreas de la Intendencia y organismos como OSE, en el marco de futuros convenios.
📄 Regularización y titulación
En paralelo, la Intendencia impulsa un plan de regularización de barrios que aún no cuentan con títulos de propiedad, una problemática histórica en el departamento.
Uno de los casos emblemáticos es el de las 42 viviendas del barrio Quiroga, construidas en 1991 mediante convenio con el Ministerio y que aún no han sido regularizadas. “Tenemos previsto avanzar en la regularización de un barrio por año. Es un trabajo complejo que implica mediciones, relevamientos y aprobación de la Junta Departamental para luego otorgar las escrituras”, explicó.
Además, se prevén acciones similares en localidades como Constitución y Belén, así como la continuidad del convenio con la Fundación Piso Digno, que apunta a mejorar las condiciones habitacionales de familias vulnerables.
🛠️ “Un trabajo en construcción”
Finalmente, Almirón señaló que muchas de estas iniciativas están en planificación, a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto.
“Estamos en construcción. Ya iniciamos diagnósticos y relevamientos, pero necesitamos la aprobación del Tribunal de Cuentas para avanzar plenamente”, concluyó.
De esta forma, la Intendencia de Salto reafirma su estrategia en materia de vivienda, destacando la articulación con el gobierno nacional y defendiendo el rumbo de su política habitacional frente a las críticas recibidas.
