Entre la anarquía vial y la regulación: Salto aguarda ley nacional para ordenar el boom de los monopatines
La imagen se repitió en cada esquina del centro y en los barrios más alejados de Salto. Adolescentes, y muchas veces niños, circularon a velocidades impropias para un juguete, esquivaron autos y cruzaron semáforos sin la más mínima protección. Lo que comenzó como una solución moderna y ecológica para el transporte, derivó en una preocupación mayúscula para las autoridades locales. En este escenario de incertidumbre, el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, reconoció que el fenómeno se escapó de las manos por la falta de herramientas legales para fiscalizar.
Sin embargo, una luz apareció en el horizonte legislativo esta semana. Un nuevo proyecto de ley, presentado en el Parlamento el pasado 2 de diciembre, propuso la creación de un Curso Obligatorio de Educación Vial para todos los usuarios de estos vehículos. La iniciativa buscó llenar el vacío legal que hoy ata de manos a los inspectores de tránsito en todo el interior del país.
La preocupación local: velocidad y desprotección
Alberto Subí no ocultó su inquietud ante la realidad que golpeó las calles salteñas. El jerarca explicó que el control actual es “muy informal” debido a la ausencia de una normativa clara que respalde el accionar de los inspectores. No se trató solo de una cuestión de papeles, sino de integridad física. Subí advirtió que muchos de estos vehículos, que a simple vista parecieron inofensivos, lograron alcanzar velocidades similares a una moto de 70 cilindradas, llegando incluso a los 60 kilómetros por hora.
El riesgo de impacto se volvió altísimo. “El cuerpo es lo primero que golpea”, sentenció el director, quien graficó la vulnerabilidad de los usuarios que circularon sin casco, sin luces y, en muchos casos, de a dos en un solo vehículo. La Intendencia mantuvo un monitoreo, pero Subí insistió en que esperaron la legislación para poder fiscalizar con rigor y evitar que la innovación tecnológica termine en tragedia.
Una respuesta desde el Parlamento
Mientras Salto debatió cómo contener esta ola, en Montevideo el diputado Luis Marcelo Pérez ingresó un proyecto de ley que prometió cambiar las reglas de juego. El texto estableció la creación de un certificado habilitante para conducir monopatines eléctricos, bicicletas asistidas y ciclomotores de hasta 50 cc.
La propuesta marcó un antes y un después: ya no bastará con comprar el vehículo y salir a la calle. Los usuarios deberán aprobar un curso básico y gratuito, diseñado por la UNASEV, que tendrá una validez de cinco años. El proyecto apuntó a la educación más que a la recaudación, aunque estipuló sanciones claras. Quienes incumplan podrán enfrentar multas, la retención del vehículo o la obligación de asistir a clases de seguridad vial.
La visión desde la Junta Departamental
El tema no fue ajeno a la política local. El edil de la Coalición Republicana, Facundo Marziotte, ya había puesto el tema sobre la mesa días atrás. Marziotte consideró que la llegada de este marco regulatorio nacional es un paso importante, pero advirtió que no es la solución mágica si no se acompaña de infraestructura.
El curul enfatizó que, además de exigir papeles, la ciudad debe garantizar “estructuras de seguridad y convivencia”. Su postura coincidió con la necesidad de ordenar el espacio público, donde hoy peatones, autos y monopatines disputaron cada metro de asfalto sin reglas claras de prioridad. Para Marziotte, la clave estuvo en la convivencia, un aspecto que el proyecto de ley nacional también contempló al incluir módulos sobre el relacionamiento con peatones y otros vehículos.
Un mercado que no para de crecer
El auge de estos vehículos en Salto no fue casualidad. El mercado uruguayo experimentó una explosión en la oferta de micromovilidad eléctrica. Según datos recientes del sector, la variedad de modelos disponibles se multiplicó, con precios que oscilaron entre los 400 y los 1.500 dólares, facilitando el acceso a sectores más amplios de la población.
Empresas del rubro reportaron un interés creciente no solo por recreación, sino como medio de transporte diario ante el costo del combustible. Sin embargo, esta masificación trajo consigo vehículos potentes sin los estándares de seguridad de una moto tradicional. El mercado ofreció desde monopatines básicos que alcanzan los 25 km/h hasta modelos de doble motor capaces de superar los 60 km/h, justamente los que preocuparon al director Subí.
Seguridad vial en números rojos
El contexto nacional urgió medidas. El informe de siniestralidad vial de 2024, presentado por la UNASEV, arrojó cifras alarmantes: 434 fallecidos en accidentes de tránsito, un aumento del 2,8% respecto al año anterior. El dato más duro reveló que el 67% de los fallecidos fueron usuarios vulnerables (motociclistas, peatones y ciclistas).
La franja etaria más afectada comprendió a jóvenes de entre 15 y 34 años, el mismo demográfico que hoy adoptó masivamente el uso de monopatines y bicicletas eléctricas en Salto. Con este panorama, la exigencia de casco, luces y un curso obligatorio planteada en la nueva ley no pareció un capricho burocrático, sino una necesidad de salud pública para frenar una tendencia que, como dijo Subí, amenazó con dejar el caos instalado en las calles de la ciudad.
