Desde luego que siempre lo supimos y así lo entendimos, como para cualquier medio de comunicación el valor más preciado es el de la credibilidad, también lo es para la Justicia.
Nos explicamos. La forma de desacreditar a la Justicia o de plantear dudas acerca de sus fallos es la de desacreditarla, de establecer rumores por diferentes medio o incluso de acusarla infamemente mintiendo sobre sus ideas o sus decisiones.
La mejor o mejor dicho la peor forma que tenemos desacreditar a la labor de los jueces es “carcomiendo” su honestidad, la credibilidad que en ella ha depositado el ciudadano.
Es que con referencia al denominado “caso Astesiano” ha trascendido una grabación, en el que la fiscal – que cumple la tarea de acusación que antes cumplían los jueces – se sincera con un periodista, probablemente amigo” o conocido al menos, en quien confiaría, revelándole pormenores del caso más sonado en los últimos tiempos.
En esta grabación, que fuera grabada sin “autorización”, aspecto harto cuestionable, en el entendido que lo que importa es que sea verdadero y no que fuera “autorizado”, la fiscal - a nuestro entender- se sincera, señalando que se trata de uno de los temas más delicados que le ha tocado asumir.
De esto no hay dudas. No está lidiando sólo con un par de maleantes, que aunque tengan sus redes o sus bandas, jamás tendrán el poder que enfrenta.
Se sabe que detrás de este tema hay muchos intereses, tanto de un lado como del otro y una sola cosa está asegurada, sus fallos jamás serán intrascendentes.
Para la Justicia es una prueba de fuego, porque tanto oposición como oficialismo aguardan el conocimiento de las decisiones de la Justicia para cuestionarlas. En una palabra creemos que habrá pocos elogios y muchas críticas a los fallos que emanen de este caso.
Pero sólo nos preocupa una cosa ¿se podrá llegar al a verdad?
Todo parece encaminado a disimular la gravedad de los hechos. Hay por lo menos un error garrafal cuando en su nombramiento se escondieron o disimularon al menos, cargos muy graves, como el hecho de que el hoy acusado principal había estado preso.
Es lo que nos preocupa, si en algún momento hubo un “acuerdo” para ocultar o disimular estos cargos, nada menos que al presidente de la República, quien debe autorizar el nombramiento ¿Quién asegura que los que participaron de aquella actitud no siguen en funciones?
El sistema sigue siendo el mismo, la cúpula policial ha sido descabezada, pero estamos seguros que hoy quienes tienen que informar y transmitir todo lo que saben son honestos del primero al último?
Esto es lo que hay que resolver.
A.R.D.
