Gobierno y oposición han discutido sobre quienes deben ser los nuevos integrantes tanto de la Corte Electoral, como de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos entendido que en ambos casos se requiere la venia o aceptación del Poder Legislativo para integrar estos cuerpos.
Ahora bien, ha pasado mucho tiempo y la Corte Electoral, el órgano al que se asigna menos importancia aunque tenga un rol determinante en algunas instancias de la expresión de la voluntad popular, ha pasado mucho tiempo sin saber cuáles serían sus nuevos integrantes, porque las “corrientes” legislativas no se ponían de acuerdo.
Mayor importancia es la que se le asigna a la Suprema Corte de Justicia, desde que es el órgano que tiene que ver sobre todo en los actos de supuesta corrupción.
En el medio de todo esto ha quedado la separación de poderes, porque no seamos ingenuos. La demora radica en que tanto la oposición como el oficialismo procura otorgar los cargos a gente “manejable” políticamente.
Lo que no se vislumbra siquiera es el tremendo daño que se le está haciendo al órgano representante del máximo nivel de justicia del Uruguay. No tenemos reparos en sostener, como lo hemos hecho ya varias veces, que existe una justicia para pobres y una justicia para ricos.
Esto en cuanto a que quien tiene mucho dinero está en condiciones de contratar a los mejores abogados, los más prestigiosos y destacados y en cambio los que no lo tienen deben contentarse con la defensa que les proporciona el Estado a menudo confiada a profesionales qué se hallan desbordados por la cantidad de casos que atienden.
A esto le sumamos que el poder de turno aspira a “manejar” las decisiones del PJ, y no quisieran saber los casos que suceden en los juzgados, donde a menudo los testigos o los denunciantes mismos deben enfrentarse y sufren las consecuencias y en ocasiones hasta las amenazas de amigos y familiares de los denunciados.
Queda mucho por hacer en esto, pero lo primero es respetar la independencia del Poder Judicial (independencia que no es tal desde el momento que el presupuesto del P.J. debe ser “negociado” con el parlamento. Si alguien se ha opuesto decididamente a las posiciones mayoritarias, es difícil que le veamos posibilidades de obtener un presupuesto satisfactorio.
Por eso entendemos que cuando se habla de independencia de poderes, hay que saber donde estamos parados y en definitiva termina por pasar lo que ha sucedido en los últimos años, asume el cargo quien hace más tiempo que se desempeña como juez. Vale decir no por capacidad, sino por antigüedad.
A.R.D.
